
Más allá de sensibilidades nacionales, la realidad de las cifras muestra que las consecuencias económicas de una hipotética secesión serían muy graves para los ciudadanos de Cataluña.
De seguir adelante, el proceso independentista puesto en marcha por la Generalitat tendría innegables consecuencias políticas y económicas, no sólo para el nuevo estado, sino para el resto de España e incluso para el conjunto de la Unión Europea. El coste de la ruptura, que implica la salida automática de la UE y del euro, amenaza desde el acceso a los mercados financieros de esa hipotética nación catalana hasta el pago de las pensiones.
Los diferentes estudios de los organismos europeos y de instituciones privadas, como Credit Suisse, estiman que, aún sin evaluar la previsible huida de capitales y los costes de adoptar una nueva moneda o alcanzar un nuevo acuerdo monetario con la UE, Cataluña podría perder hasta el 20 por ciento del PIB y se quedaría por debajo de la renta per cápita media del resto de España.
Tampoco son halagüeñas las previsiones para el mercado laboral. Las deslocalizaciones de empresas podrían lastrar la actividad económica y elevar la tasa de desempleo catalana, actualmente por debajo de la media del país. En paralelo, la independencia conllevaría un descenso de las ventas catalanas, tanto al mercado exterior como al resto de España, y un hipotético descenso del turismo, que en 2014 aportó 15,1 millones de euros a las arcas autonómicas. A ello se suma un importante aumento de la deuda pública, que al sumar la parte que le corresponde a Cataluña del pasivo nacional podría alcanzar un 78,4 por ciento del PIB. Una encrucijada económica que exigiría subir aun más y los impuestos e implicaría la pérdida de fondos europeos.
Empeoran las previsiones de empleo
Actualmente en Cataluña hay 726.000 parados, y la tasa se sitúa en el 19,1 por ciento, frente al 22,37 por ciento de España. No obstante, desde diversos organismos, como la CEOE, la Cámara de Comercio o el Círculo de Empresarios, advierten de que una hipotética independencia podría revertir esta situación. Si se cumplen las amenazas realizadas desde diversos sectores económicos, la actividad empresarial y las inversiones podrían caer de forma drástica, lo que se traduciría inmediatamente en más desempleo en la región y, por ende, en menor renta per cápita. Los propios sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se han pronunciado al respecto para alertar de que la independencia no traería "ninguna ventaja" para los trabajadores catalanes. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, fue más allá y cuatro días antes de las elecciones aseguró que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE y su tasa de desempleo pasaría del 19 por ciento actual al 37 por ciento.
Fuera del euro y con muy difícil retorno
La independencia supondría automáticamente la pérdida del euro como moneda oficial. La alternativa sería una nueva divisa, muy devaluada con respecto a la moneda única, o solicitar un acuerdo monetario con la UE. En este último caso el Banco Central Europeo tendría que dar su opinión y, dado el tamaño y apertura de la economía catalana en comparación con la de Andorra o San Marino, parece poco probable que, en aras de conseguir el objetivo de estabilidad en precio, recomendase un acuerdo para que Cataluña utilizase el euro. Además, para tener el informe favorable del BCE y la CE sería necesario que pasara tiempo suficiente como para constatar que el nuevo país cumple la normativa comunitaria de prevención de blanqueo de capitales, fraude y falsificación. En el caso de Andorra han sido ocho años de espera. Sí podría adoptar el euro de manera unilateral, como Kosovo y Montenegro, pero eso conllevaría una pérdida de la capacidad de emitir moneda y, por lo tanto, de llevar una política monetaria autónoma.
Hucha de las pensiones insuficiente
A pesar de que el presidente Artur Mas y el número uno de Junts pel Sí, Raül Romeva, han garantizado el pago de las pensiones en caso de secesión, lo cierto es que con los datos disponibles, una Cataluña independiente sólo podría abonar el 64 por ciento de las pensiones con los ingresos por cotizaciones sociales . La Seguridad Social catalana recaudaba a finales de junio de este año 5.768 millones de euros en cuotas, mientras el abono en prestaciones asciende a 8.803 millones. Un desfase de 3.035 millones de euros, el mayor entre las autonomías del Estado, según la estadística de la Tesorería de la Seguridad Social. Además, y según los datos recogidos en el informe económico-financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social, la región presidida por Mas es la que genera una nómina más alta en pensiones para el Estado español. Necesitó 21.848 millones de euros el año pasado, lo que supone un 35 por ciento más que los 15.367 millones de euros que el Estado dedicó a sufragar las pensiones en Madrid.
Graves problemas de financiación
Las condiciones de un hipotético estado catalán independiente para acceder a los mercados serían todavía mucho más difíciles que las actuales , ya limitadas de por sí. La salida de la UE implica de forma automática la exclusión de la zona euro y de su sistema de pagos y elimina la posibilidad de que los bancos catalanes puedan recurrir al Banco Central Europeo (BCE) ni al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para obtener financiación. Evidentemente tampoco podría recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ni al Plan de Pago a Proveedores establecidos por el Gobierno español para atender a las necesidades de financiación de las comunidades autónomas. Cataluña el 40 por ciento de todos los recursos del FLA en 2012 y el 50,7 por ciento en 2013, cifra que muestra la complicada situación financiera de esta comunidad que no le permite salir a los mercados. Los préstamos del FLA le han supuesto un ahorro de 1.140 millones en intereses de la deuda, dadas las buenas condiciones de estos préstamos.
Hundimiento de las ventas en Europa
La independencia se traduciría en una reducción de las ventas catalanas en los mercados de la UE y de los países con los que la Unión tiene acuerdos preferenciales por un valor superior a 7.400 millones de euros, equivalentes al 13 por ciento del volumen total de sus exportaciones y a un 3,8 por ciento de su PIB. A este impacto negativo habría que añadir el desplome del negocio de las empresas catalanas en el resto de España, que actualmente supone el 45 por ciento de las ventas totales de la comunidad autónoma y el 66 por ciento de su PIB. Los diferentes estudios existentes sobre cuanto caerían las ventas de Cataluña en el resto de España apuntan a una caída en torno al 50 por ciento, como consecuencia de la aplicación de los aranceles TEC ( 5,2 por ciento de media) de los costes de transacción y del llamado "efecto frontera". En volumen esta caída de las ventas catalanas en el mercado español podría suponer unas pérdidas de 28.000 millones de euros, aproximadamente el 15 por ciento del PIB catalán.
Caída enlos ingresos por turismo
Cataluña recibe cerca de cinco millones de turistas de otras comunidades autónomas españolas y 16,8 millones de turistas extranjeros, con datos de 2014, que dejaron un gasto de 15,1 millones de euros La no pertenencia a España podría producir un descenso en el número deturistas del resto de España por motivos de ocio y de negocios, hasta el punto de que los estudios realizados por expertos del sector y el Ministerio de Asuntos Exteriores estiman que cada 100.000 turistas españoles que dejaran de ir a Cataluña, sus ingresos por turismo se reducirían en 15,5 millones de euros y su PIB en un 0,007 por ciento. En el caso del turismo internacional, la no pertenencia a la eurozona podría tener un impacto negativo sobre los turistas de estos países, principal mercado emisor a Cataluña, al no tener ya una moneda común. Se considera que por cada 100.000 turistas extranjeros que cambiaran Cataluña por otros destinos de España el nuevo estado dejaría de ingresar 90,3 millones de euros, el 0,04 por ciento de su PIB.
Pérdida de los fondos europeos
Otra de las consecuencias de la independencia de Cataluña sería l pérdida de las dotaciones que la UE aporta a los estados miembros y a sus regiones, entre los que destacan las partidas de la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de Cohesión. Cataluña recibe aproximadamente 365 millones de euros anuales de la PAC que dejaría de percibir. Además Cataluña se ha venido beneficiando de la política regional de la UE. Concretamente la comunidad autónoma recibió 1.269 millones de euros procedentes del Marco Financiero Plurianual (MFP) durante el periodo 2007-2013, de los cuales 272 millones procedían del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 33 millones del (Fondo Europeo de Pesca) FEP, 284 millones del Fondo Social Europeo (FSE) y 679 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esta última cantidad se enmarca dentro del Programa Operativo para Cataluña en el marco del Objetivo de "Competitividad Regional y Empleo" del Marco Financiero Plurianual comunitario.
La huida de las empresas de la región
El presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou, alertó en agosto que "casi mil empresas se han deslocalizado" durante el proceso soberanista. Desde entonces, muchos nombres propios, -la última Pronovias, esta misma semana- han amenazado con irse de Cataluña como consecuencia del desafío soberanista. Un peligro para el tejido empresarial catalán que lleva meses en el aire y que se intensificó a raíz del comunicado de la patronal bancaria, que incendió la campaña catalana al asegurar que se plantearía su presencia en Cataluña en caso de que avanzara el proceso soberanista. AEB y la CECA, que incluyen a Caixabank, Sabadell, BBVA o Santander, argumentan que los riesgos para la estabilidad financiera y jurídica de un triunfo de Junts pel Sí les llevarían a "reconsiderar" su "estrategia de implantación" en la comunidad. También irrumpió en campaña el presidente de Telefónica, César Alierta, al declarar que la separación obilgaría a las empresas a hacer números para ver si compensa mantener la actividad en la región o no.
La deuda alcanzaría el 78,4% del PIB
Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada de España. Pero el avance del proceso soberanista podría tener un efecto multiplicador sobre su ya elevado pasivo. Y es que según los datos del Banco de España, la deuda de un nuevo estado catalán alcanzaría un 78,4 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), frente al 27,2 por ciento actual. La deuda pública catalana asciende a 53.665 millones de euros a septiembre de 2013, según datos del Banco de España. Si asume una parte de la deuda pública del Estado español proporcional a su peso relativo en la economía española, un 18,9 por ciento del PIB, alcanzaría el 78,4 por ciento, según cálculos de un informe de UBS titulado Can Catalonia leave? Un problema que se acrecienta con el último órdago al Gobierno central de la lista independentista Junts pel Sí. El president Artur Mas amenazó en la recta final de la campaña con que Cataluña no pagaría la deuda pública española que le correspondería si ganan con mayoría absoluta y no se negocia la independencia.
Aumentode la presión fiscal
Si Cataluña es ya la comunidad con mayor presión fiscal de España, la hipotética independencia obligaría a elevar significativamente los impuestos para pagar el coste del nuevo Estado y la necesidad de dar servicios que hasta ahora proporcional el Gobierno Central como defensa, seguridad, diplomacia o los gastos derivados de la pertenencia a organismos internacionales. Estos costes se estiman en torno al 5,8 por ciento del PIB, tasa en la que, como mínimo aumentaría la presión fiscal sobre los ciudadanos catalanes. Cataluña tiene ya el impuesto de patrimonio más alto, con un mínimo exento de 500.000 euros, mientras que en el resto de España es de 700.000, y algo parecido ocurre con el IRPF, que alcanza hasta el 56 por ciento para las rentas más altas. A ello hay que añadir el lote de hasta 10 impuestos que tanto CiU y ERC han pactado entre los que destacanel de las bebidas refrescantes con azúcar , sobre grandes superficies o las tasas sobre emisión de gases y la producción de residuos nucleares.