Ni una semana pasó desde que Joan Canadell fue nombrado presidente de la Cámara de Barcelona. Sin embargo, se confirman los peores temores sobre los efectos que tendrá el control, por parte del independentismo, de la cúpula de este organismo.
Su servicio de estudios deberá elaborar un informe sobre el daño que causa el Estado a Cataluña, al privar a este territorio de inversiones. Será el preámbulo de una futura hoja de ruta económica para conducir a esta autonomía a la secesión, en cuya elaboración quiere forzar la participación de las empresas mediante encuestas electrónicas.
Por ello, todo apunta a que éste será solo el primero de una larga serie de informes que la ANC y otras organizaciones afines al procés encargarán con el único propósito de servir a su propaganda y aprovechar el poder que, por primera vez, les ofrece el control de un organismo económico de primer orden.
La situación es ahora muy diferente a la de los años recientes, cuando solo influían en una patronal de pequeño tamaño, Cecot, y vieron fracasar su intento de dominar Foment del Treball. El control de la Cambra da acceso a la selección de dirigentes del Consorcio de Turismo de Barcelona o la Fira de la Ciudad Condal, además de dar representación en el Patronato de la Fundación La Caixa.
Ante la amplias posibilidades que estos resortes ofrecen, lo previsible es que el independentismo haga un uso de la Cámara que irá mucho más allá de minar el prestigio de su servicio de estudios. El respeto a la pluralidad y la credibilidad de una institución ya más que centenaria, donde conviven cerca de 400.000 empresas que suman más de un centenar de nacionalidades, sufrirá un perjuicio de consecuencias aún difíciles de estimar.
