El Gobierno aprueba dos proyectos de ley que considera vitales para respaldar las expectativas de ingresos fiscales que sostienen sus Presupuestos de 2019. Se trata de los que conciernen a la puesta en marcha del impuesto sobre los servicios digitales (tasa Google) y las transacciones financieras (tasa Tobin), con los que el Ejecutivo espera recaudar más de 2.000 millones.
Los expertos, por el contrario, rebajan esa cifra a apenas 500 millones. Son muchos los argumentos que pueden alegarse para reducir tanto las expectativas. Sin duda, no cabe ser muy optimistas con respecto a unos gravámenes que pretenden implantarse de manera unilateral, sin que la mayoría de las principales economías de la UE siga ese camino.
Las empresas afectadas, especialmente las grandes tecnológicas, pueden responder concentrando su operativa en otros Estados con menor presión fiscal. Ahora bien, lo que en mayor medida ensombrece las expectativas de estos impuestos es el ya inevitable retraso que acumula su hipotética implantación. El plan original del Gobierno era que los trámites parlamentarios co-menzarán en noviembre. Ahora no lo harán hasta febrero, lo que demora la vigencia de estos tributos, a los que no se reconoce carácter retroactivo hasta después del verano. Además, todas estas especulaciones se subordinan a la condición de que el Congreso apruebe los nuevos impuestos, una posibilidad que, al igual que con los Presupuestos, nadie garantiza actualmente. No puede extrañar, por tanto, que hasta el propio Gobierno renuncie a su pretensión inicial de usar los ingresos de la tasa Tobin para ayudar al sistema de pensiones. Su expectativa de recaudación, como el resto de cálculos actuales de ingresos, sigue sin tener base.