La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer su propósito de asegurar que el tipo efectivo que las grandes empresas pagan por el Impuesto de Sociedades sea, como mínimo, del 15%. Tal y como adelantó elEconomista, todo apunta a que el modo de lograrlo será mediante una nueva limitación a los llamados créditos fiscales (los derechos a deducciones futuras que la Agencia Tributaria reconoce, derivados de las pérdidas que las empresas sufrieron en el pasado).
Los expertos de Hacienda llevaban largo tiempo estudiando esta modificación como respuesta a la decepcionante evolución que el rendimiento de Sociedades muestra, pese a la recuperación económica. De hecho, un tipo efectivo del 15% aportaría 4.000 millones más a las arcas estatales cada año.
La cuantía del gravamen, además, se acerca al nivel propio de los países de nuestro entorno. Ahora bien, este esfuerzo extra que se demandará a las empresas, a través de los cambios en Sociedades y de nuevos impuestos (como la tasa bancaria) tendrá un único fin: sufragar un gasto público corriente al alza, como el que se derivará de religar, desde 2018, las pensiones a la inflación.
No cabe esperar beneficios en forma de inversiones que impulsen la innovación, la reindustrialización o la creación de empleo. Tampoco son previsibles efectos positivos de segunda ronda, como un aumento del consumo. Resulta bien conocida la baja tendencia al gasto que caracteriza a sectores de la población como los pensionistas.
Se tratará, por tanto, de unas alzas fiscales improductivas, en el sentido de que se perderá una oportunidad de reforzar la economía española, como lo lograría una rebaja de cotizaciones sociales.
