Santander salva a Popular, pero aún queda el reto de sus activos tóxicos

Banco Popular es el protagonista de la primera intervención del mecanismo único europeo de resolución bancaria, en la corta historia de este último. Lo que hace una semana era un rumor tuvo que materializarse, de forma anticipada respecto a los planes previstos, entre el martes y ayer. Las autoridades europeas no pudieron esperar más ante la dramática falta de liquidez a la que se vio abocada la entidad española a partir del viernes.

Fue entonces cuando elEconomista reveló que el Gobierno ya sólo confiaba en una opción, la representada por Banco Santander, para que la venta de Popular prosperara. De hecho, el banco liderado por Ana Botín ha adelantado también su ya pactada absorción del Popular, tras la intervención europea. Ayer, a cambio de un euro, sin ninguna opa, Santander culminó una operación que supone un paso adecuado para zanjar la situación límite de la entidad que presidía Emilio Saracho, acorralada por la fuga masiva de depósitos.

Pero, sobre todo, la compra implica un movimiento decisivo para poner coto al problema más grave que afrontaba el sector financiero español. El riesgo de quiebra de la sexta mayor entidad suponía una amenaza para la credibilidad de la banca en su conjunto, pese al profundo saneamiento que atravesó en los últimos años y a la solidez de la que ahora disfruta. Además, la solución llega sin ningún peligro para los titulares de cuentas y depósitos. No obstante, es indudable que la compra deja perdedores en el camino y cuestiona decisiones clave de la recién relevada cúpula de Popular y de los supervisores financieros.

Los perjudicados son los accionistas, incluidos los que instigaron la rebelión contra el expresidente Ángel Ron, y los propietarios de bonos convertibles y de deuda subordinada. Sus pérdidas del 100% es el precio que hay pagar para que en las resoluciones bancarias no participe dinero público. Además, las autoridades europeas han evitado en este caso la indefinición sobre posibles compensaciones, como la generada en torno a otro banco europeo, el italiano Monte dei Paschi.

En cuanto a las decisiones que merecen cuestionarse, sin duda, en primer lugar corresponden al expresidente Saracho. En especial, su afán de fijar una fecha límite para la venta, el día 10 de este mes, fue una grave torpeza en un sector, como el bancario, en el que la confianza es fundamental. Cada hora que pasaba sin que Popular recibiera una oferta en firme sembraba el miedo entre clientes e inversores. La actuación del Banco de España también atrae las críticas, en la medida en que desoyó las alertas de sus propias inspectores en cuanto a las dificultades que atravesaba el banco y, una vez más, no actuó a tiempo.

En cuanto al nuevo protagonista de la convulsa historia reciente de Popular, Banco Santander, debe concluirse que tiene mucho que ganar con su compra. Se convertirá, de nuevo, en el primer banco de España, crea valor para sus accionistas y no altera su situación en cuanto a capital. Es cierto que hay frentes abiertos, como la posibilidad de que los antiguos accionistas presenten un aluvión de demandas.

De hecho, Economía aseguró ayer que la entidad cántabra tendría que hacerse cargo de las posibles demandas. Ahora bien, existe un posible cortafuegos para el Santander, ya que esos títulos fueron anulados por las autoridades europeas, previamente a la compra, y son ellas las responsables. Por todo ello, el aspecto que más dudas puede despertar de la operación radica en la dimensión real de los activos inmobiliarios que Popular arrastra. La tarea de descubrir su valor exacto, y aligerar su lastre, corresponde ahora a la entidad que Botín preside.

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