Las previsiones del Gobierno apuntan a que la inflación llegará al 1,3% en 2017. Tras dos años en negativo, este cambio de tendencia de la inflación beneficia a la economía por la presión que ejerce sobre salarios, renta y créditos. Pero también existe una parte negativa en esta normalización de los precios. La cruz llega por el incremento de los intereses que el Gobierno tendrá que pagar por la deuda pública.
Según los expertos, cada punto de más en el IPC sumará entre 1.500 millones y 2.500 millones a esa factura, que ascenderá como mínimo a 33.500 millones, lo que generará un problema adicional en pleno proceso de consolidación fiscal. Por tanto, evitar que el volumen del pasivo siga creciendo se antoja fundamental para cumplir con Bruselas.
