Tras dos años en negativo, la inflación repunta en Europa. Y España no será la excepción, con un crecimiento de precios del 1,3% el año que viene, según cálculos del Gobierno. No pocos ven en ese avance una buena noticia por la presión al alza que ejercerá sobre salarios, rentas y crédito, pero es cierto que en economía toda cara tiene su cruz.
Y en este caso la cruz llegará de manos de la deuda, por encima de los 1,1 billones, y de la factura de intereses que el Gobierno tendrá que abonar para cubrir ese pasivo. Según los expertos consultados, un alza de un punto de la inflación sumará entre 1.500 millones y 2.500 millones a esa factura, que ascenderá como mínimo a 33.500 millones de euros.
Por ahora, situados como estamos en un escenario de prórroga presupuestaria, el Ejecutivo cuenta para esa partida con 33.490 millones, misma cantidad que iba a ser utilizada este año, pero que se ha quedado lejos gracias a los "ahorros de 2.000 millones" de los que ha presumido públicamente el ministro de Economía, Luis de Guindos, por una situación excepcional de tipos en mínimos históricos.
Ahora bien, el capítulo de intereses podría crecer incluso hasta los 35.000 millones si la inflación sube más de lo previsto -en este sentido, expertos del Instituto de Estudios Económicos, IEE, creen que los precios tocarán puntualmente alzas del 2% el próximo año-, o si los bancos centrales modifican su actual política de estímulos.
La situación se "normaliza"
"Es algo que va a suceder. EEUU va a subir tipos en diciembre, después vendrá Japón y después Europa", advierte Javier Santacruz, economista e investigador de la Universidad de Essex, dando por "casi finiquitada" la etapa en la que el Tesoro ha llegado a captar financiación a tipos negativos incluso en emisiones de bonos a cinco años. "Todo va a volver a normalizarse", explica, "y eso significará un alza de la partida dedicada a los intereses".
De opinión similar es el profesor Juan Fernando Robles, quien no duda que el año que viene habrá que destinar más dinero a sufragar la deuda y ello será un problema adicional en pleno proceso de consolidación fiscal, cuando España debe aprobar ajustes por valor de 5.500 millones para cumplir el límite de déficit del 3,1% impuesto por Bruselas. Robles pide "estar atentos a lo que pueda suceder con el Banco Central Europeo a partir de marzo", advirtiendo de que un giro en la política de Mario Draghi "está por llegar".
Los expertos recuerdan también que pese a que la ratio deuda/PIB se estanque entre el 99 y el 100% -algo que está por ver, pues actualmente y según cálculos de elEconomista.es a partir de los datos del Banco de España se sitúa en el 101,2%-, el volumen de pasivo sigue creciendo sin parar por el Estado y las comunidades autónomas. Solo en el primer semestre de este mismo año ese volumen se ha incrementado en 36.000 millones, que serán 4.000 más a final de año si se cumple la previsión, para muchos optimista, del Gobierno. En su plan presupuestario remitido a Bruselas, estima que la deuda se quedará en el 99,8% del PIB en diciembre, muy poco por encima de los 1,1 billones de euros.
Cada año seguimos afrontando más vencimientos y refinanciaciones, y por ende deben dedicarse más fondos al abono de los correspondientes intereses. Otra presión al alza de la partida, instalada por encima de los 30.000 millones desde el año 2014.
El fin del 'viento favorable'
No son pocos los economistas que han alertado sobre el peligro de la sostenibilidad de una deuda pública por encima del 100%, caso de España, pero también de Grecia, Portugal o Italia. Incluso el ex- presidente José María Aznar, despertando una enorme polémica, avisó a su sucesor Mariano Rajoy sobre el efecto de este desequilibrio. Hasta ahora, y pese a que el pasivo seguía creciendo a pasos agigantados -lo ha hecho nada menos que en 710.000 millones desde el inicio de la crisis-, su refinanciación en los mercados se ha solventado sin problemas.
Más aún desde 2012, cuando Mario Draghi afirmó aquello de "hacer todo lo necesario" para salvar el euro, frase que fue un auténtico pistoletazo de salida para un descenso de tipos sin precedentes en el seno de la Eurozona. Tanto es así que, en los últimos cuatro años, el Ejecutivo del PP ha podido ahorrarse nada menos que 20.000 millones de euros sobre las cantidades que inicialmente había presupuestado para pagar intereses. Una coyuntura calificada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) "la más favorable" para que España redujese desequilibrios y que tiende a agotarse.
Ahora, con la inflación al alza, y con la previsión de tener que ajustar 5.500 millones el gasto -parlamentarios de Ciudadanos y del PSOE aseguran a este periódico que los recortes tendrán que ser más elevados-, el recien elegido presidente Mariano Rajoy tendrá que afinar para cumplir con Bruselas partiendo de la base de que los ahorros en intereses pueden empezar a ser parte del pasado.
Y aún hay más: la pasada semana el Banco Mundial cambió su previsión de precio del petróleo para el año que viene y lo situó en los 57 dólares, cuando el Ejecutivo, en su análisis más reciente, ha estimado que el barril de Brent tendrá un coste medio de 49 dólares, algo que además impactará de lleno en la inflación de los países importadores netos de esta materia prima, como el nuestro.
Un desfase previsión-realidad que también puede salirle caro a las arcas públicas si no se modifica el escenario a través de unos nuevos presupuestos para el próximo año.
