En cuestión de días, el Gobierno hará públicas las cifras de ejecución presupuestaria del conjunto del sector público relativas a 2015. Es previsible que su desglose atribuya un déficit equivalente al 1% del PIB a la Seguridad Social. Conviene tener en cuenta que el pasado fue un año excepcional; hasta el punto de que la fuerte creación de empleo permitió un ahorro de 4.000 millones en prestaciones por paro que han enjugado el desfase verdadero.
No es previsible que algo semejante ocurra de nuevo en 2016, por lo que el déficit de la Seguridad Social, lejos de bajar, ascenderá este año al 1,5% y, lo que es peor, tiene visos de estancarse en ese registro durante años, según los expertos. Puede resultar chocante una previsión así cuando la partida de gasto más cuantiosa del sistema, las pensiones, se ha independizado del IPC y en los últimos años sólo ha crecido un 0,25%.
Ahora bien, más allá de la inflación, este desembolso presenta todos los años un avance estructural que ronda el 3%, debido a que el envejecimiento de la población no deja de nutrir el contingente de jubilados, al tiempo que estos se retiran con pensiones cada vez más altas. En este contexto, no puede sorprender la expectativa de un déficit enquistado de la Seguridad Social e incluso el total agotamiento del Fondo de Reserva en dos años.
Las reformas de los últimos años no han sido inútiles, pero el problema tiene una envergadura que requiere más acciones. El futuro Gobierno deberá seguir afrontando este problema con valentía, lo que implica barajar nuevas fuentes de financiación para las pensiones, más allá de las cotizaciones, y el fomento del ahorro privado a largo plazo.
