El pacto entre el Estado y Correos para que se encargue de la prestación del Servicio Postal Universal inquieta a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (AIReF). En el último informe que ha emitido, que cierra la tanda correspondiente al spending review que el Gobierno le encargara el año pasado, el ente considera que los 1.450 millones que se lleva la empresa pública por prestar este servicio entre 2011 y 2020 es una cifra demasiado elevada y que tiene que ver con que "el Estado compensa a Correos por sus ineficiencias", lo cual impide que se ponga manos a la obra para corregirlas. "La compensación podría ser menor y debería ser menor", indican fuentes del ente.
Concretamente, consideran que la compensación debería centrarse, en todo caso, en zonas vulnerables garantizando la cohesión del mundo rural, cubriendo el servicio postal cubierto por fondos públicos solo áreas con poblaciones inferiores a 5.000 habitantes. De esta manera, se reduciría su precio.
Y es que, de media, este servicio gestionado por Correos tiene un coste elevado, al menos en comparación con otros 12 países que también usan fondos públicos para financiar de forma directa a un operador similar, como Gran Bretaña (Roya Mail), Dinamarca (Post Nord) o República Checa (Ceská posta). Sin embargo, de todos ellos, es en España donde menos uso se hace del servicio: solo 57 envíos ordinarios por habitante al año. De hecho, antes de la compensación pública, Correos presenta un déficit operativo de más del 14%, por encima de los operadores de otros países
Fuera de la legalidad
Fuentes del ente apuntan que, para empezar no se cumplen los requisitos legales. A día de hoy el plan de prestación del Servicio Postal Universal, que contendría la condiciones concretas de lo que el Estado tendría que pagar a Correos, está todavía pendiente de aprobar, una situación que lleva así desde 2011. De ahí que, a día de hoy, se decida la cantidad a abonar mediante una serie de cálculos basados en la suma de pérdidas en los centros de distribución postal en los que los costes superan los ingresos.
Con todo, el método que incluye el citado plan de prestación todavía por aprobar tampoco es mucho mejor - requiere de un ejercicio de ficción futura, según la Autoridad -, y en ninguno de los dos casos se presentan incentivos para la eficiencia, algo fundamental sobre todo teniendo en cuenta la caída de la demanda de servicios postales convenciales, que en España fue de un 31% entre 2012 y 2017, mientras que en países vecinos como Francia, Suiza, Portugal y Reino Unido fue de solo un 18%.
Y es que Correos ha sido muy poco agresivo con las medidas correctivas, al menos en el marco del personal. Ante esta reducción recortó su plantilla solo un 9%, mientras que los operadores de los territorios citados lo hicieron un 11%.
Medidas
Por ello, la AIReF apuesta por medidas que mejoren considerablemente la eficiencia del servicio, con el fin de recortar costes – aunque fuentes del ente considera que esto no tiene por qué significar despidos- . Entre ellas, piden al Gobierno que explore flexibilizar las obligaciones de servicio público, reduciendo el número de días de entrega , siguiendo el modelo aplicado por Italia, dejándolo en dos o tres a la semana.
La Autoridad también pone sobre la mesa la externalización de la red, o al menos parte de ella, como se hace en Francia y en el Reino Unido. Además, considera que ha llegado el momento de que Correos, volcada en el sector convencional, dé el paso a segmentos en crecimiento y muy competitivos, como el de la paquetería.
