La guerra empresarial abierta por el control de la Cámara Oficial de Comercio de España en China (Cocec), adelantada el pasado viernes por elEconomista.es, se ha saldado con la dimisión de toda la junta directiva, que presidía hasta ahora Manuel Torres, socio de Garrigues. El actual equipo gestor asegura actuar por el bien de la organización, clave en el apoyo a las empresas españolas en el país asiático, por lo que reclama también una auditoría interna.
La Cámara tiene su sede en Shanghai, pero cuenta con delegaciones locales también en Pekín y Cantón y, de acuerdo con los estatutos, tras las elecciones cada una de las oficinas tiene derecho a elegir sus representantes en la dirección nacional.
El problema surgió cuando Torres intentó impulsar un tercer mandato frente al máximo de dos que establecen los estatutos. Ante la celebración mañana de una asamblea general de la Cámara, la junta directiva de la oficina de Pekín envió una carta la semana pasada a los socios en la que denuncia que "la Junta Nacional constituida el pasado 29 de marzo es ilegal" al haber habido "una usurpación del poder", mientras que la de Cantón dimitió en bloque.
En la carta remitida a los socios, la junta directiva asegura que "para preservar el bien superior que es el buen nombre y eficaz gestión de la Cámara, únicos objetivos que nos han animado siempre, y ante la necesidad de contar con una Junta nacional que pueda, de forma efectiva, asumir los retos y responsabilidades a los que la institución cameral se enfrenta, los miembros de la Junta Local de Shangahi y los de la Junta Nacional de la Cámara Oficial de Comercio de España en China hemos tomado la decisión meditada, motivada e irrevocable de presentar la dimisión, a fin de que se pueda abrir un proceso electoral en las tres delegaciones" con el objetivo final de "acometer una refundación de la institución".
Todo ello después de lamentar "el tono general de la comunicación" y "algunos de los juicios de valor" ante las acusaciones vertidas por las delegaciones que, según dicen, "son falsas".
Posturas dispares
La junta directiva niega, en concreto, cualquier tipo de ilegalidad o usurpación del poder y asegura que "se constata una vez más, el problema de fondo, que es la dificultad de alinear a las delegaciones territoriales y de mantener el principio unitario que debe presidir la Cámara".
Además, explica a los socios en la carta que "conforme al cierre provisional, las pérdidas muy notables de la delegación de Cantón (472.262 yuanes, unos 61.200 euros) y las considerables pérdidas de Pekín (286.504 yuanes, 37.140 euros), requieren sin tardanza la adopción de medidas, incluyendo posiblemente una reestructuración, para evitar mayor deterioro patrimonial de la Cámara". Ante todo ello, la junta saliente requiere, además, que se realice "una auditoría de las tres delegaciones a fin de demostrar a los socios la realidad de cada una de ellas".
Respuesta de la oficina de Pekín
La junta directiva de la delegación de Pekín ha emitido por su parte un comunicado en el que "celebra que, finalmente, pueda restituirse la legalidad en la Cámara de Comercio de Españaen China", asegurando que "la renuncia del resto de integrantes de la Junta Directiva de Shanghai, junto con la de la hasta ahora tesorera nacional ilegítima, América Hernández, nos abocan a unas nuevas elecciones. Y, en consecuencia, solicitamos a los directores ejecutivos de las delegaciones que las convoquen, lo antes posible, con el menor perjuicio posible para los socios".
La junta directiva en la capital china concluye pidiendo "perdón a todos los socios e instituciones españolas por el espectáculo lamentable al que hemos estado asistiendo estos últimos meses. En este sentido, siempre esclavos de la legalidad, nuestro compromiso es tratar de no volver a incurrir en estos graves errores" trabajando, en todo momento, según dicen, "por una Cámara democrática, transparente, plural e inclusiva en China".
