Las empresas españolas en China han abierto una guerra sin precedentes por el control de la Cámara Oficial de Comercio en el país asiático (Cocec), una institución clave para apoyar la presencia empresarial española en el país asiático.
El origen del problema radica en que la actual junta directiva, que preside Manuel Torres, socio de Garrigues, aspira a un tercer mandato frente al máximo de dos que marcan los estatutos, desatando una crisis que amenaza con paralizar la institución y frenar el crecimiento de las empresas españolas en la segunda economía del mundo.
La Cámara tiene su sede en Shanghai, pero cuenta con delegaciones locales también en Pekín y Cantón. Ante la celebración el próximo martes de una asamblea general de la Cámara, la junta directiva de la oficina de Pekín tiene previsto enviar hoy una carta a los socios, a la que ha tenido acceso elEconomista, en la que denuncia que "la Junta Nacional constituida el pasado 29 de marzo es ilegal", mientras que la de Cantón ha dimitido en bloque, sin que haya candidaturas para el nuevo proceso electoral.
En la misiva de los representantes de la Cámara en la capital china, se asegura que de acuerdo con los estatutos, las oficinales locales tienen la postestad para elegir a una parte de los vocales a nivel nacional, algo que, según dicen, no ha ocurrido. "Esta Junta Local, por tanto, denuncia que le ha sido usurpado su derecho de nombrar a sus legitimos representantes en la Junta Nacional", dicen en la carta.
Tras denunciar un fraude en el proceso, reclaman así los nombramientos como nuevos miembros de la dirección a Paco Wu, del Real Madrid, Lili Ni Sun, de Caixabank, y Javier Warleta, de Cesvi, una sociedad de Mapfre y la compañía estadounidense Solera Holdings.
Denuncian ilegalidades
La Junta Directiva de Pekín expresa "su consternacion, en nombre de los socios representados en esta demarcacion, por la negativa permanente a restituir la legalidad en la COCEC" e insiste así en que "sin entrar en las motivaciones ulteriores que pudieran estar detrás de estas decisiones, abiertamente contrarias al interés general de los socios, "se reserva desde este momento la adopcion de cualquier medida dirigida a restituir la legalidad".
Los representantes en Pekín apuntan que "el presidente nacional en funciones, Manuel Torres, con el concurso de Sergio Perez, consejero económico jefe de la Embajada de España y asesor técnico de la Cámara", actuán "sin legitimidad democrática". Del mismo modo, la actual junta directiva de Cantón, que se ocupa de la región sur de China, ha remitido un escrito a la dirección nacional en la que expresa su renuncia y advierte de que las elecciones han quedado desiertas por la falta de candidaturas.
El motivo, según dicen, radica en "el proceso que se ha seguido para la aprobación del texto modificado de los estatutos, carente de transparencia en algunos momentos, implicando un retraso excesivo del proceso electoral y que finalmente ha supuesto aceptar unas modificaciones que dejan la Cámara en una situación mucho más débil ante nuestras instituciones".
Intereses personales
Los representantes de Cantón aseguran que "han sido varios los socios que han manifestado no sentirse representados por esta Cámara, ya que, en su opinión, se ha convertido en una organización muy politizada, que parece ideada para cubrir los intereses personales de determinadas personas y/o empresas", por lo que son varios los socios que han anunciado ya que se darán de baja y retirarán su patrocinio.
Las empresas críticas explican que el cambio de los estatutos permite que, a partir de ahora, los mandatos sean de cinco años en lugar de dos, pero insisten en que la actual junta no puede seguir en el poder, "puesto que ya ha cumplido esos dos mandatos".
Frente a estas posiciones, Manuel Torres, socio director de Garrigues en China y actual presidente de la Junta Directiva a nivel nacional en el país asiatico, asegura que "tanto el proceso de aprobación de los nuevos estatutos de la Cámara Oficial de Comercio de España en China como mi nombramiento como presidente de la Junta se han desarrollado dentro de la más absoluta legalidad".
En este sentido, Torres va incluso un paso más allá e insiste en que "tanto los estatutos como mi nombramiento fueron votados por unanimidad".
Fuentes de la Embajada, consultadas por este periódico, aseguran que no pueden intervenir puesto que "se trata de una organización empresarial de carácter privado", aunque admiten que el problema que hay de fondo radica en que tanto la oficina de Pekín como la de Cantón, frente a lo que ocurre en Shanghai, atraviesan serias dificultades económicas y han cerrado el último ejercicio en números rojos.
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