Economía

La Cámara de Barcelona centrará sus estudios en los "agravios" estatales hacia Cataluña

  • Se centrará en lo que considera perjuicios del gobierno central
Joan Canadell, próximo presidente de la Cámara de Barcelona (foto: Luis Moreno).
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La dirección independentista de la Cámara de Comercio de Barcelona priorizará informes con los que constatar los supuestos perjuicios que sufre Cataluña por parte del gobierno español, ya sea por sus acciones o por sus omisiones. Ello va en línea con su objetivo de elaborar informes que contribuyan a la secesión y la construcción de la república catalana.

El independentismo catalán ha elaborado ya múltiples estudios académicos sobre la viabilidad de una Cataluña independiente, pero ahora quiere aprovechar el prestigio del servicio de estudios de la Cámara de Barcelona para argumentar que la comunidad autónoma sale perdiendo si continúa formando parte de España, con datos tanto actuales como los que se remontan a décadas atrás, hasta lo que denominan "agravios históricos".

El próximo presidente de la Cámara, Joan Canadell, ya desveló el lunes que el primer estudio que publicarán será el del coste de oportunidad de las inversiones comprometidas por el Estado en Cataluña y todavía no ejecutadas, especialmente en el caso de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, referente a inversiones en infraestructuras por un valor equivalente al peso de la autonomía en el PIB estatal. Ello supone remontarse décadas atrás.

Nuevo cálculo del impacto

Dicho estudio también prevé incluir inversiones para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que no llegan a realizarse. De hecho, la Cámara de Comercio de Barcelona ya elaboraba hasta ahora periódicamente informes sobre estos incumplimientos, y reclamaba mejoras, pero ahora se quiere añadir un nuevo cálculo sobre el impacto económico de estas inversiones pendientes.

La nueva Cámara de Barcelona también quiere incidir en la fuga de sedes de empresas por el referéndum del 1 de octubre de 2017, que los soberanistas atribuyen a presiones desde Casa Real a las grandes empresas y a las facilidades que aprobó el gobierno central, a través de un decreto que permitía el traslado por acuerdo del consejo de administración, sin necesidad de convocar junta de accionistas.

Asimismo, prevén investigar la fuga de depósitos de bancos catalanes en las mismas fechas, que también atribuyen a maniobras estatales, e incluso la desaparición de las cajas de ahorros.

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