Si se mantiene el ritmo actual de aumento de las pensiones, el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril tendrá que afrontar todo un reto: pagar más de 10 millones de pensiones, algo que sucedería a mediados de 2021. Actualmente, hay 9,7 millones de pensiones y aumentan a un ritmo de unas 110.000 al año, por lo que en algo más de dos años se alcanzaría la cifra de 10 millones. Además, el incremento corresponde casi en su totalidad a jubilaciones, que ya superan los 6 millones de beneficiarios y aumentan a un ritmo del 2% anual.
Este incremento es importante desde el punto de vista presupuestario ya que el Estado no sólo tiene que pagar más pensiones, sino que las nuevas pensiones son mucho más generosas que las que se dejan de pagar. Los recién jubilados cobran de media 1.369,64 euros al mes, lo que supone un 32% más que las bajas en las pensiones de jubilación. Incluso la diferencia es mayor si tenemos en cuenta sólo a los que se retiran en el régimen general. En este caso, los nuevos jubilados cobran 1.495 euros al mes.
El reto no sólo está en los números, sino en que el crecimiento del gasto se mantendrá si no se toman medidas. Con la introducción del factor de sostenibilidad paralizada hasta 2023, el nuevo consenso sobre la necesidad de revalorizar con la inflación u otro indicador que asegure el poder adquisitivo y la oleada de jubilaciones previstas para los próximos años, el gasto en pensiones podría acercarse al 50% del gasto del Estado sin que nadie se atreva a proponer medidas que vayan mucho más allá de crear empleo de calidad para financiarlo. Así, las pensiones se pueden convertir en un auténtico elefante en la habitación que ni siquiera la Comisión del Pacto de Toledo quiere afrontar, como ya ocurrió durante la pasada legislatura.
Crece más el gasto que los ingresos
En los cuatro primeros meses del año, el gasto en pensiones está creciendo a un ritmo de más del 7% anual (un 5% en términos homogéneos), incluso por encima de lo que crecen las cotizaciones sociales, a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y del incremento de las cotizaciones máximas. De esta forma, si no ocurre un milagro, 2019 será el séptimo año consecutivo en el que lo recaudado mediante cotizaciones sociales no basta para pagar todas las pensiones. Y uno de los problemas es que ahora apenas quedan fondos en la llamada hucha de las pensiones para pagar la diferencia.
Por el momento, la diferencia entre los ingresos y los gastos se está cubriendo con deuda pública, algo que, con los tipos de interés tan bajos como ahora, apenas se está notando en el presupuesto pero, como la inflación y los tipos empiecen a repuntar, España se puede ver en una situación como la del periodo 2009-2013, en la que tenía importantes necesidades de financiación mientras los mercados quedaban prácticamente cerrados y las exigencias de los inversores para comprar deuda eran cada día mayores.
Y es que la deuda, junto a las pensiones y la reforma fiscal y de financiación autonómica, son las grandes medidas que no se han afrontado en una legislatura atípica, con dos presidentes de dos partidos distintos, y con un bagaje parlamentario muy pobre.
La deuda pública cerró el año 2018 en el 97,1% del PIB, su nivel más bajo desde 2014. Sin embargo, la reducción de la deuda está siendo un proceso muy lento, en el que cada año apenas se rebaja un punto del PIB, tras años aumentando casi 10 puntos cada ejercicio. La ley de Estabilidad Presupuestaria exigiría que en 2020 se situase en el nivel del 60% del Producto Interior Bruto (PIB), pero la AIReF calcula que permanecerá "por encima del 90% en los próximos años" y que no bajará al 60% del PIB hasta más allá del año 2050. De acuerdo con su "escenario normativo", la ratio de deuda se estabilizaría por debajo del 75% del PIB a partir del año 2045. Incluso, el supervisor fiscal avisa de que hay un 25% de probabilidades de que la deuda se mantenga, sin reducirse, muy cerca del 100% durante los próximos años.
