Por fin Vox desveló este jueves su esperado programa electoral y la idea económica que tiene para España. Bajo una premisa liberal, la formación de Santiago Abascal propone un plan de privatizaciones que pasaría por vender la participación que tiene el Estado en Aena, REE y Enagás, además de ampliar la participación del sector privado en las infraestructuras ferroviarias.
"Su enajenación permitirá obtener recursos que han de destinarse a amortizar la deuda pública, reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes y para incrementar el binomio productividad-competitividad de los sectores que se someten al sector privado", explica el documento elaborado por un grupo de 30 personas especialistas en tema fiscales y en la administración del Estado, coordinados por Pablo Sáez y Víctor González.
También el partido político incide en el sector ferroviario para introducir la iniciativa privada más amplia. Vox considera que la infraestructura debe seguir en manos públicas, pero no descarta abrirlo a la iniciativa privada en "señalización y mantenimiento de redes, gestión de las líneas de transporte de pasajeros y mercancías en cercanías o en larga distancia, incluida la alta velocidad".
Cierre de TV3 o Canal Sur
La formación afirma que "es preciso avanzar hacia la privatización plena de Aena". Actualmente, el Estado posee el 51% del gestor de aeropuertos, a través de Enaire. "La participación no responde a la lógica económica-financiera". También carga contra la participación accionarial en REE y Enagás, "carece de justificación al tratarse de compañías que operan en un mercado regulado". A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el Estado tiene el capital del 20% y del 5%, respectivamente.
Vox también pone en el punto de mira a la tecnológica Indra. La Sepi tiene alrededor de un 18% del capital de la compañía. "El Estado accionista debe desaparecer del panorama empresarial español". Además, califica de "imprescindible" la privatización de canales de televisión que "sirven de arma ideológica" y apunta a TV3 y Canal Sur. Otros ejes importantes de su programa electoral son la supresión de altos cargos y de empleo no funcionarial, ajuste en la plantilla pública y la necesidad de no contratar a más personas, reducción de subvenciones al empleo y transferencias a ayuntamientos para gasto discrecional, definición extensiva de la base imponible del IRPF, racionalización de las deducciones generales, lo que supone la eliminación de la mayoría de deducciones, reconocimiento de la compensación de bases liquidables negativas hacia atrás.
Además, Vox propone establecer un tipo nominal del 22% igual para todas las empresas, independientemente de su tamaño o de su sector productivo.
El partido presenta un plan de estabilización 2019-2020 ante el riesgo de incumplir los objetivos de déficit pactados con la Comisión Europea para este año 2019, el 1,3% del PIB. Vox piensa que en el bienio 2019-2020 debe consistir en rebajar el déficit estructural aplicando, un plan de ajuste del gasto no financiero de 2 puntos de PIB (24.236 millones de euros), acompañado de un aumento de los ingresos cíclicos del 0,5% del PIB para 2019 y del 0,3 para 2020. El desfase entre ingresos y gastos del conjunto de las Administraciones Públicas descendería desde el entorno del 2,8% del PIB, en que cerrará previsiblemente 2018 (con la ejecución presupuestaria al mes de octubre, el déficit público asciende al 2,94% del PIB), hasta el 0,5 del PIB en 2020.
En lo que se refiere al gasto de las Comunidades Autónomas, Vox propone que, dado el funcionamiento del sistema de financiación autonómica y la escasez de fuentes de financiación ajenas a las transferencias del Estado Central (el 85% de los ingresos tributarios de las autonomías proviene del Estado Central mientras que sólo el 15% proviene de impuestos cedidos totalmente y tributos propios) y si se tiene en cuenta, especialmente, la dependencia del concepto "recaudación esperada", es probable que se produzca una mayor distorsión en el funcionamiento de las finanzas autonómicas; es posible que no haya una estimación fiable de los ingresos de 2019 y, por tanto, no existiría una guía adecuada para diseñar los anticipos que recibirían las CCAA para financiar los servicios públicos.
