Nueva York
El Fondo Monetario Internacional ha publicado en Washington su Monitor Fiscal donde recomienda al Gobierno de España "salvaguardar la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones" y pide un conjunto integral de medidas para lograrlo. En este sentido, los expertos de la institución piden planes para compensar las implicaciones de la reciente relajación en la indexación de las pensiones en nuestro país.
Así se refieren directamente a la restitución de la actualización de las pensiones con la inflación como un factor de riesgo. El Fondo ya avisó anteriormente que ligar la subida de las pensiones con la inflación presionaría todavía más el gasto e incluso hace dudar de la viabilidad del sistema.
De hecho, la aplicación de una subida anual basada en el IPC de forma permanente añadiría alrededor de un 3-4% del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050, según sus cálculos. De ahí que a finales del año pasado, el FMI dejó claro que si no hay reformas en las pensiones, será casi inevitable que se recorten.
Ajuste fiscal gradual
El Monitor Fiscal también aboga por un ajuste fiscal gradual, dado que los saldos fiscales permanecen por debajo de los niveles de estabilización de la deuda a largo plazo. Tras un 2018 en el que el FMI estima que la política fiscal en nuestro país fue prácticamente neutral, la institución estima que el ratio de deuda pública con respecto al PIB se situará este año en el 96% y se reducirá gradualmente hasta el 92,3% en 2024. Por su parte, el déficit se mantendrá en el 2,3% este año y el que viene para recuperar una senda alcista hasta el 2,8% en los próximos cinco años.
No obstante, el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, capitaneado por Vitor Gaspar, avisa que, dadas las altas cargas de endeudamiento y el endurecimiento de las condiciones financieras, el coste de los pagos de intereses con respecto al PIB aumentará. De hecho, estima que un grupo de países, entre los que se encuentra España, se enfrentan anualmente a requisitos de financiación que oscilan entre el 10% y el 40% del PIB en los próximos tres años. En el caso español estos serán del 16,7% del PIB este año y del 16,5% del PIB en 2020 y 2021.
Desde el Fondo también recuerdan que la tasa digital aprobada por España podría generar distorsiones significativas, como la doble imposición de las actividades digitales transfronterizas si no se aplica de forma coordinada con otros países europeos.