El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no parece dispuesto a acatar la obligación de neutralidad institucional en periodo electoral, pese a enfrentarse a penas de multa e inhabilitación. Al contrario, ayer anunció un contraataque jurídico frente a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) que le instaban a retirar los símbolos independentistas de los edificios de la Administración catalana.
Esta guerra se concreta en un contencioso administrativo solicitando la suspensión de los acuerdos de la JEC, así como la previsión para la semana que viene de una querella por presunta prevaricación del organismo, cuyas resoluciones fueron tildadas ayer por Torra de "manifiestamente injustas porque son arbitrarias".
En un comunicado, quiso "dejar claro" que no cesará en "la defensa de la libertad de expresión con todas las consecuencias que tenga que asumir". Con todo, su pulso intenta tensar pero no traspasar nuevas líneas rojas. Así, por la mañana retiró las pancartas con lazos de la fachada de la Generalitat -siguiendo la última orden de la JEC-, mientras que por la tarde desplegó un nuevo lienzo en favor de la libertad de opinión y expresión, apelando al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las Consellerias también retiraron los lazos y carteles de apoyo a los líderes soberanistas, así como otros símbolos alternativos, lo que fue comprobado por los Mossos d'Esquadra a instancias de la JEC.
Sin embargo, el incumplimiento de las resoluciones de retirada anteriores conllevará la querella de la Fiscalía contra Torra por desobediencia, lo que le expone a una inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos. En un comunicado, la Fiscalía informó ayer de que ha recibido el expediente de la JEC en el que expone y detalla el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte del presidente catalán de los acuerdos de la Junta del 11 y 18 de marzo, según Ep.