El Consejo de Ministros ha sacado adelante este viernes la ayuda a los parados de más de 52 años y el control de horarios de la jornada laboral, además de una serie de incentivos a la contratación y bonificaciones en las cotizaciones, que sumado a las medidas laborales de igualdad ya aprobadas tendrán un coste de 1.130 millones de euros para este año.
Después de semanas de negociaciones con los agentes sociales y los partidos políticos, y el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de las dificultades para acordar la contrarreforma laboral por la división política, el Ejecutivo da este viernes un primer paso con la aprobación del control de jornada, pero sin resultados en los otros tres puntos que pretendía modificar de la norma aprobada por el PP en 2012: la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios y el cambio en la política de subcontratación.
Como explican desde el Gobierno este control de horarios será obligatorio para todas las empresas, con registro de entrada y salida, si bien su aplicación se dejaría al albur de la negociación del convenio de cada empresa con el objetivo de no perjudicar la flexibilidad de los horarios. En primera instancia, el borrador que había acordado el Ejecutivo con los sindicatos era más ambicioso en términos de rigidez del control, si bien desde la CEOE confirman una "moderada" satisfacción con la redacción final, mucho más suavizada.
En este sentido, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magadalena Valerio, señaló durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros que "se busca combatir el fraude" en los contratos de apariencia parcial pero que realmente realizan actividades a tiempo completo. En este sentido, todas las compañías tendrán la obligación de guardar el registro a disposición de trabajadores e inspección de trabajo durante un periodo de cuatro años.
Además, sobre el resto de medidas de la reforma prevista para el mercado de trabajo, estas deberán esperar a después de las elecciones. La propia Valerio explicó este viernes que "hemos sopesado los pros y los contras" y se ha observado que la medida no iban a encontrar apoyos en la diputación permanente. "Eso sí, hemos extraído lo que hemos considerado de urgente neceisdad y lo hemos metido en este decreto ley", justificaba la ministra.
Los parados mayores de 52 años podrán cobrar la ayuda hasta que se jubilen
Por su parte, en el ámbito de las medidas de protección social hasta 114.000 personas más se beneficiarán de esta ampliación del subsidio a los parados mayores de 52 años, sumándose a los 266.000 que ya lo cobran -también afectadas porque se pasa a cotizar por del 100% al 125% del SMI- y con un coste estimado de 348 millones para este año.También se establece un incremento de la duración, a no ser que accedan al mercado laboral, hasta que se cumpla la edad legal de jubilación.
"No les vamos a dar a elegir entre dejar de cobrar el subisido o jubilarse anticipadamente con la consecuente penalización de la cuantía de la pensión", argumentaba la ministra Valerio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, el Gobierno ha anunciado que se reforzará la prestación por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza. En este punto, se amplia la ayuda por hijo para las familias en riesgo general hasta los 341 euros mensuales y hasta los 588 euros para aquellos en riesgo de pobreza severa.
Políticas activas de empleo
Otro de los puntos novedosos del paquete de medidas procedentes del Ministerio de Trabajo es una bonificación para las empresas que contraten a personas desempleadas de larga duración (12 meses). Así, la persona contratada tendrá que estar un tres años, periodo de duración del beneficio fiscal, en la empresa y será de 1.300 euros al año para los hombres y hasta 1.500 euros para las mujeres con el objetivo de "paliar la brecha laboral". Todo ello con un coste para este año de 25 millones de euros.
Además, entre otras medidas destaca la dotación de 70 millones de euros para el Fondo Estatal de Integración de Personas Inmigrantes, que fue suspendido en 2012, y el desembolso de 5.700 millones de euros para este años a cargo del SEPE para el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). También se efecturá la distribución de fondos de 2019 a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de 2.019,8 millones de euros. Esta cantidad supone el 95% del importe que recibieron en 2018, lo que permite la disposición efectiva de los fondos con anticipación para una mejor ejecución de los mismos.
Además, está previsto distribuir una cantidad adicional de 297 millones de euros en el mes de abril. De este modo, la intención es distribuir un total de 2.317 millones de euros en 2019, que supone un aumento del 9% respecto a los 2.126 millones de euros asignados en el 2018
Polémica por el permiso de paternidad
Además, una semana después de ser anunciado, la ampliación de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad no se ha hecho efectiva, si bien este jueves finalmente fue publicada la medida en el BOE referenciando su entrada en vigor a partir del próximo 1 de abril. Este retraso es justificado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, debido a "la necesidad de adaptar el sistema informático a esta nueva medida" y de "conceder mayor tiempo a las empresas para su adaptación". Sobre este decreto surgieron el jueves las primeras voces exhibiendo su eventual inconstitucionalidad, al estar llamado a modificar una Ley Orgánica, jerárquicamente superior, concretamente la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Argumentan los expertos y diputados consultados que ya una sentencia del TC de 1986 declaró inconstitucional un intento de contravenir vía decreto ley una Ley Orgánica, que necesita mayoría superior a la simple que requiere la convalidación o derogación de un decreto ley.
Todo ello coincide con la celebración de otro polémico Consejo de Ministros, que desde la convocatoria de elecciones ha sido objeto de las críticas de la oposición acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de instrumentalizar la rueda de prensa de los viernes como altavoz electoral, llegando a denunciar esta situación ante la Junta Electoral Central (JEC) y pedir "suspender, durante el proceso electoral, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros" si incluyen medidas "electoralistas". Demanda que tuvo este jueves su respuesta por parte del Ejecutivo desde la Secretaría de Estado de Comunicación que trasladó a la JEC una carta señalando que "el recurso del PP describe actuaciones todas ellas anteriores al inicio del periodo electoral" y considera "inaceptable" el relato de hechos que hace el PP por ser una reclamación, apuntan, fundada en una presunción de que excede del ámbito de actuación de la JEC.
