La aprobación de medidas que modifiquen la reforma laboral de 2012 ha entrado en una fase de incertidumbre de marcado carácter político. Con las cartas encima de la Mesa de Diálogo Social, donde a pesar de las discrepancias de la CEOE sobre ciertos aspectos que serían modificados en la eventual contrarreforma laboral sí que parece haber un entendimiento de mínimos. al menos entre Gobierno y sindicatos, ahora los esfuerzos se centran en cuadrar las exigencias de los diferentes partidos políticos que habrán de convalidar el Real Decreto-Ley con estas medidas en la Diputación Permanente del Congreso para hacerla efectiva. Sin embargo, para esta empresa el tiempo corre en contra de las buenas voluntades de políticos, sindicatos y patronal.
En este punto, el Gobierno está convencido de sacar adelante un documento que, al menos, cuente con el apoyo de partidos y sindicatos, una vez descartado el consenso en el diálogo social antes de las elecciones del 28-A. "Ha habido diálogo, pero dialogar no siempre significa pactar", explican fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, lamentando los derroteros finales de la negociación.
"Es el consenso el que tiene que funcionar, es ese diálogo social el que tiene que funcionar, el que logra elementos de largo plazo. Los atajos son de corto plazo", afirmaba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la celebración de la II Conferencia Nacional Tripartita que abordó este martes la temática de El futuro del trabajo, en referencia a la aprobación de decretos por parte del Ejecutivo en la recta final de la legislatura, e incluso una vez disueltas las Cortes.
Tal y como señalan fuentes de los agentes sociales y del propio Gobierno a elEconomista se está buscando la "cuadratura del círculo", centrando los esfuerzos en poner de acuerdo a formaciones con itinerarios económicos muy distantes, como son Podemos por un lado y PDeCat y PNV por otro.
Con todo y con ello, desde los sindicatos desprenden optimismo para que se sustancie un decreto sobre un acuerdo de mínimos en torno a ciertos aspectos a modificar de la reforma de 2012. Estos se concretarían en la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, pero centrado en el aspecto salarial, de modo que ninguna compañía pueda reducirlos por causas económicas y dejando fuera otros elementos de la negociación, además de la recuperación de la ultraactividad de los convenios y la nueva política de subcontratación. Otro de los puntos estrella ese la medida que quiere impulsar el Ejecutivo desde su entrada a La Moncloa en junio del pasado 2018: el control de los horarios de la jornada laboral. En este punto, parece que algunos de los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, serían reacios a su puesta en marcha.
Combatir la precariedad
Ante los principales dirigentes de sindicatos y empresarios, Unai Sordo (CCOO), Pepe Álvarez (UGT), Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), y durante el discurso de apertura de la II Conferencia Nacional Tripartita, el presidente Sánchez reclamó que "no se puede bajar los brazos" ante un modelo de empleos "intermitentes", con un mercado laboral muy polarizado, porque ello solo lleva a la desigualdad y a la degradación de las condiciones laborales. "La precariedad no es inevitable", subrayó.
El presidente desgranó los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la digitalización, la globalización y la robotización, que aunque plantean desafíos, también ofrecen nuevas oportunidades laborales.
Ante este panorama, Sánchez apuesta por extender la normativa laboral y la protección social a las nuevas formas de empleo por aparecer; invertir en capital humano, revisando las políticas activas e impulsando la formación a lo largo de toda la vida laboral.
