Quedan menos de dos meses para que se celebren las Elecciones Generales del 28 de abril. Hasta entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene programado aprobar multitud de medidas de claro carácter electoralista, aunque en el Palacio de la Moncloa no lo reconozcan oficialmente. Sin embargo, la puesta en marcha de las mismas no va a ser gratuita y supondrá incrementar el gasto público en, al menos, 5.170 millones de euros en un momento en el que no es posible dar luz verde a iniciativas para subir los ingresos por la prórroga presupuestaria, ocasionada por el veto del Congreso al proyecto de Cuentas.
Parte de este gasto surge al resucitar varias de las medidas contenidas en los Presupuestos como reales decretos-ley (RDL). Este es el caso de la cotización con cargo al Estado de las cuidadoras no profesionales de dependientes y la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, una serie de iniciativas cuyo visto bueno supone de manera conjunta una subida del gasto de 610 millones, y a la que habría que añadir la inminente aprobación del subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años con un coste aproximado de otros 300 millones de euros.
Sin embargo, el conejo en la chistera que se guarda el Gobierno es otro. Como confirmó el Ejecutivo la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobará una oferta pública de empleo (OPE) antes de los comicios. Aunque la cifra, según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, no está cerrada, la OPE igualará o incluso superará las 30.000 plazas convocadas por el Estado en 2018. Esta creación de empleo supondrá para las arcas del Estado, como mínimo, un desembolso aproximado de 1.319 millones que además va a ser estructural en los gastos en personal.
Medidas de 2018
Sin embargo, no todas las iniciativas que repercuten en 2019, y que tienen regusto electoralista, son recientes. A finales de 2018 se movieron varias iniciativas que también iban incluidas en los Presupuestos pero que se aprobaron antes de que comenzara el año con el fin de que estuvieran en vigor ya en enero.
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Este es el caso del incremento del gasto en pensiones, que aumentó 588 millones. Además, se subió el salario de los empleados públicos un 2,5% -medida que en el Estado tiene un impacto en 2019 de 1.125 millones, sin tener en cuenta el efecto en las comunidades autónomas- y se confirmó la devolución del IRPF de maternidad y de paternidad tras el correspondiente dictamen del Tribunal Supremo -con un coste de 1.200 millones, con cargo a 2019-.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumenta que estos incrementos del gasto son asumibles por Estado gracias a que las medidas anunciadas se financiarán con el aumento esperado de los ingresos en la caja de la Seguridad Social, particularmente, por la subida de las cotizaciones gracias al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros y el destope del 7% de las cotizaciones máximas.
Desde Hacienda, que es el ministerio que decide qué medidas se rescatan o no de los Presupuestos, adelantan que no se dará luz verde a ninguna iniciativa que no cuente con una contraprestación económica. De hecho, está confirmado que varios compromisos realizados por Pedro Sánchez al inicio de su mandato, como la derogación del copago farmacéutico, el incremento de las becas y la subida del gasto en dependencia, no se cumplirán. Además, desde Hacienda insisten en que no va a haber medidas de política fiscal adicionales. Es decir, que no habrá subidas ni bajadas de impuestos en periodo electoral por la vía del RDL.
Además ya está en marcha desde el pasado viernes la nueva normativa de alquiler de la vivienda, a través de la cual se incluyen algunas medidas como el aumento de los plazos de los contratos de alquiler de tres a cinco años y la limitación al incremento de la inflación (IPC) de posibles subidas de la renta durante la vigencia de cualquier contrato. También se amplia a parte de la prórroga obligatoria, la prórroga tácita de uno a tres años y extiende a cuatro meses el periodo de preaviso del arrendador para romper o renovar el contrato.
Por otro lado, sí que habrá medidas que modifiquen sustancialmente el mapa laboral, dado que el Gobierno tiene clara la intención de derogar parcialmente la reforma de 2012. Concretamente, y a la espera de lograr un acuerdo en la mesa de diálogo social, la contrarreforma se centraría en la implantación en las empresas de un registro de la jornada de sus trabajadores, recuperar la ultraactividad de los convenios, dar prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa y modificar la regulación de las subcontratas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.
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