Londres
Theresa May sigue inmersa en una búsqueda de alianzas de urgencia que le permitan evitar un Brexit blando y la caída del Gobierno. Este viernes cenó en Dublín con el primer ministro de Irlanda, un personaje central en la saga del divorcio, ya que son fundamentalmente sus intereses los que la UE se ha comprometido a preservar. Aunque no abordaron una negociación formal, ya que Bruselas es el único interlocutor oficial, el encuentro es trascendental, dada la negativa tanto comunitaria como irlandesa a retirar la controvertida salvaguarda que, tal como está formulada, impide la aprobación del plan en Westminster.
La propia mandataria británica ha comprendido la imposibilidad de eliminarla del acuerdo de retirada que el bloque da por cerrado, pero confía en lograr cambios suficientes como para hacer la propuesta digerible. Su consecución depende directamente de Leo Varadkar, por lo que cualquier flexibilidad adicional del irlandés sería clave para el proceso, sobre todo si los eurófobos acaban entendiendo que la propuesta de May podría ser el menos malo de los desenlaces, ya que la única alternativa viable pasa por una salida blanda.
Tal como están los posicionamientos estratégicos en la actualidad, resulta complicado que modificar la cláusula de seguridad para evitar la reimposición de una frontera dura con Irlanda sea suficiente para granjearle a la premier el apoyo que precisa entre sus propios diputados. El ala dura le ha advertido ya de que solo se conformará con la eliminación del controvertido mecanismo, por lo que los números no cuadran. El problema es que si Reino Unido quiere evitar el caos de una ruptura no pactada, está obligado a plantear una propuesta concreta y ahí es donde el golpe de efecto introducido esta semana por el laborismo cobra importancia: su disposición a apoyar el plan, con la condición de garantizar la permanencia en una unión aduanera no solo gusta al sur del Canal de la Mancha, sino que tiene potencial para recabar mayoría en Westminster.
En Dublín lo saben, también en Bruselas, de ahí que el continente se haya embarcado en una minuciosa táctica de control de los tiempos de espera, que va en contra de May, quien está obligada no solo a lograr una solución para el divorcio, sino, desde un ángulo político, a impedir una fractura en su partido, que amenaza con sentenciar al Ejecutivo. El riesgo de cualquier potencial colaboración con la oposición es elevado, pero también lo es el precio pagado ya por su rival laborista en sus propias filas, que le exigen que apoye un segundo referéndum si no logra atraer a la primera ministra al entendimiento planteado.
Jeremy Corbyn se sigue resistiendo a una nueva consulta y la presión de ambos extremos ha provocado serios perjuicios sobre su liderazgo, ya que las demandas de un nuevo voto popular colisionan con el granero electoral que tiene en áreas que en 2016 resultaron mayoritariamente probrexit.
