Choque de trenes entre el Ministerio de Trabajo y el de Educación a cuenta de la cotización de los becarios. La ministra Isabel Celaá no quiere seguir adelante con la intención del departamento de Magdalena Valerio de que los contratos de los estudiantes que realicen prácticas pasen a cotizar a la Seguridad Social.
La polémica tiene su origen en el decreto de revalorización de las pensiones, que el Ministerio de Trabajo sacó adelante a finales del año pasado, y en el que se estipulaba esta medida para los becarios. Pero, ¿quién debería hacerse de estas cuotas? El revuelo fue mayúsculo en el mundo empresarial y en las propias universidades a la espera de que el Ministerio de Valerio hiciese un desarrollo del decreto para definirlo.
Las críticas de los últimos días y las propias de los partidos políticos han provocado que la ministra de Educación subrayase que el Gobierno no apoyaría una medida que provocase problemas a los estudiantes y centros educativos.
"Esta medida no puede generar perturbación en el sistema -ha proclamado Celaá en el Congreso- si fuera así el Gobierno estaría en contra de esta medida". En ese sentido, la titular de Educación ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no va a permitir" que la cotización obligatoria de las prácticas académicas "vaya en detrimento del sistema educativo".
"Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección de esta medida"
"Soy una de las personas que están afectadas con esta medida y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de la corrección de esta medida", ha añadido la ministra después en un turno de respuesta a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, que han acusado al Gobierno de "descoordinación", y han insinuado que la propia Celaá desconocía el contenido del Real Decreto antes de su aprobación.
"Dice que el Gobierno se va a oponer a cualquier medida, pero es que el Gobierno es también usted", le ha señalado la portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Sandra Moneo, a Celaá, a la que ha advertido de las consecuencias que podría tener esta medida en los estudiantes para obtener sus títulos si se obliga a las empresas donde realizan las prácticas a asumir los costes de la cotización obligatoria a la Seguridad Social.
Otros portavoces han insinuado que Celaá no está conforme con la medida de su propio Gobierno. "Usted no está de acuerdo porque lo han hecho a espaldas de las autoridades educativas", ha afirmado el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, para quien la medida tendrá "consecuencias nefastas" en la Formación Profesional.
Por su parte, el diputado de ERC Joan Olòriz ha señalado que la cotización de las prácticas, a pesar de ser un "avance en la protección social" a los estudiantes, puede ser contraproducente. "La buena intención en política puede generar más problemas de los existentes", ha apostillado.
"Esto es un marrón"
"Esto es un marrón", ha asegurado la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, confesando que cuando conoció la medida del Real Decreto, que fue publicado el 28 de diciembre en el BOE, pensó que era una "inocentada", y ha acusado al Gobierno de aprobarla "con nocturnidad y alevosía" sin el conocimiento de la ministra Celaá.
"Lo que me parece gravísimo", ha añadido Martín, que estima que puede afectar a más de 700.000 alumnos a los que se pondría "en riesgo" su titulación. "Si está por eliminar este dislate va a contar con nuestro apoyo", le ha dicho a Celaá.
Reunión del Gobierno con los rectores
Este miércoles, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se reunirá con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y estudiantes para trabajar en una fórmula de prácticas universitarias que "no supongan un coste inasumible" para estos centros, según anunció la semana pasada en el Congreso el secretario general de Universidades, Juan Manuel Pingarrón.
Con la medida del Ejecutivo se dejaba la puerta abierta a que las universidades tuvieran que ocuparse de las cotizaciones de los estudiantes en prácticas, una medida que, ahora, el Gobierno debe desarrollar en un reglamento en un plazo de seis meses.
Es ese reglamento, según indicó Pingarrón, el principal objetivo del Gobierno es encontrar la fórmula adecuada para cumplir con tres puntos: garantizar la existencia de estas prácticas; que su realización no recaiga, al menos en su totalidad, en los presupuestos de las universidades; y que garantice el derecho de los estudiantes.
