La última Encuesta de Población Activa, correspondiente al cierre de 2018 y publicada el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística, arroja un fuerte aumento del empleo público a lo largo del pasado año. Se trata de un incremento de la plantilla en 136.300 efectivos, de los cuales el 50% se registra en territorio catalán. Así, entre todas las Administraciones -la del Estado, la Generalitat, las entidades públicas y los ayuntamientos- Cataluña destaca con un aumento de 67.500 puestos en el global de su plantilla pública a lo largo de 2018.
Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se descarta, en conversación con elEconomista, que el fuerte aumento registrado en territorio catalán se deba a la Administración Central, como también hacen fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). No obstante, la Generalitat manifiesta que con el artículo 155 activo hasta el pasado mes de junio, no se pudieron producir aumentos significativos en el primer semestre.
Proximidad de las elecciones
En cualquier caso, Cataluña -entre todas las Administraciones y organismos- registra el mayor aumento de empleo público en 2018, con 67.500 efectivos. Le siguen la Comunidad Valenciana, con un alza de 23.900; Baleares, con 13.500 más; País Vasco, con 11.900; Canarias, con 10.300; y Andalucía, con 8.300 trabajadores públicos más. Todo ello en un año preelectoral.
El próximo 26 de mayo se celebran elecciones autonómicas y municipales, además de las europeas, algo que explica el mayor dinamismo en la contratación por parte de municipios y autonomías y sus organismos públicos dependientes.
De hecho, del aumento total de la plantilla pública que registra la Encuesta de Población Activa (EPA) en 2018 (136.300), el 65% procede de las Administraciones autonómicas (88.100) y el 30% de los ayuntamientos (40.700 efectivos más en un año). Simultáneamente se cuantificó -siempre según la citada encuesta del INE, que es un sondeo y no un registro- una caída de 9.200 efectivos.
En la Administración Central el aumento de la plantilla pública supuso 24.400 empleos más. En todos los casos, las cifras incluyen tanto contratos indefinidos como temporales.
Además de la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, otros factores explican esta evolución durante 2018. Está también determinada por las medidas encaminadas a paliar la discriminación entre empleados públicos temporales e indefinidos, a instancia de las sentencias europeas que cargaron contra esta anomalía en las Administraciones Públicas.
De hecho, en este sentido, desde el sindicato de funcionarios CSIF se recalca el hecho de que al menos uno de cada cuatro empleos públicos es temporal, es decir, un total de 843.300 contratos eventuales, la mayor cifra de la serie histórica. En un comunicado, el sindicato ha valorado de manera general los datos de creación de empleo y reducción del paro que arroja la EPA, si bien avisa de que el 75% de los 136.300 ocupados más que ha generado el sector público en el último año son de carácter temporal.
Por otra parte, las Administraciones Públicas arrastran todavía un déficit de 95.600 empleos desde el tercer trimestre de 2011, cuando se tocó techo en la ocupación y comenzaron los recortes en este ámbito, avisan desde la central sindical. Por este motivo, CSIF ha emplazado al Gobierno a continuar las negociaciones para analizar estos datos de precariedad, las necesidades de las plantillas y establecer una nueva agenda para mejorar las condiciones laborales y en materia de retribuciones.
Pese a estas debilidades sobre las que llama la atención CSIF, lo cierto es que la plantilla pública se situó el año pasado en la mayor cota registrada desde 2011, con 3,2 millones de efectivos, y para alcanzarla se anotó el mayor aumento desde 2004, de 136.300 puestos de trabajo.
Como explica el economista-jefe del think tank Civismo, Javier Santacruz, el crecimiento de los ingresos cíclicos, unido a la relajación de los compromisos presupuestarios, está ayudando a abrir el grifo del empleo público. Tras años de contención, tanto de la masa salarial como del número de empleados, las diferentes Administraciones se han lanzado a crear más empleo público y a mejorar los salarios, según lo previsto en los Presupuestos de 2018.
Prosigue Santacruz señalando dos factores clave en este proceso: la elevación de la tasa de reposición de empleo público condicionada por decisiones judiciales y la extensión de jornadas de 35 horas contempladas por algunas autonomías y organismos públicos. "En el caso de Cataluña, el crecimiento es muy claro, con la apertura de la Administración catalana desde la aplicación del 155", concluye.
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