Este martes se cumplen 25 días desde que la ausencia de un presupuesto federal en EEUU por la falta de acuerdo entre el presidente Trump y los legisladores demócratas obligara a cerrar el gobierno federal. Jamás en la historia del país se había clausurado la administración durante tanto tiempo, algo fundamental si se tiene en cuenta que, como apunta el consejero senior del Center for American Progress, "los cierres del Gobierno no empeoran de forma lineal; lo hacen de forma exponencial". Y, aunque es un problema que afectará al crecimiento económico del país en su conjunto, los ciudadanos serán los grandes perjudicados. Muchos de ellos, incluso, en su doble faceta de contribuyentes y de trabajadores públicos.
Unos 800.000 empleados federales no han vuelto a cobrar una nómina desde el pasado 22 de diciembre, cuando muchos de ellos la reciben semanalmente. Pese a todo, 420.000 de ellos tienen que seguir acudiendo a su puesto de trabajo cada día, al considerarse empleados "esenciales" para el funcionamiento de la Administración. Aunque solo 9 de los 15 ministerios están afectados por el cierre (Defensa, Trabajo, Educación o Sanidad, entre otros, permanecen funcionando con normalidad), el 84% de los trabajadores del Departamento de Justicia se ven obligados a trabajar sin cobrar, al igual que el 85% de Seguridad Nacional o el 63% de Transportes.
En este sentido, aunque el Congreso aprobó una medida para pagar las nóminas tanto a los que tienen que acudir al trabajo como a los que han sido mandados a sus casas, el abono no se hará efectivo hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos, algo que por el momento no parece próximo. Quienes sí siguen percibiendo sus sueldos, sin embargo, son los congresistas y senadores y sus equipos, aunque algunos de ellos ya han anunciado que donarán lo que ingresen durante este cierre gubernamental.
Los recortes ante la falta de fondos producirán retrasos en algunos servicios, pero podrían dejar a las familias más pobres sin hogar o sin ayudas para alimentación
En consecuencia, las ausencias van a implicar fuertes retrasos en servicios para la ciudadanía. Por ejemplo, las devoluciones de impuestos ya que el 90% de los empleados de Hacienda no se les permite regresar a sus empleos ante la imposibilidad de pagarles y no ser personal esencial. Las colas en los aeropuertos se incrementarán cada vez más ante el recorte de personal en los controles de seguridad aeroportuaria, y el sistema judicial federal puede congelar muchos de los procesos judiciales ante la falta de abogados del Estado.
Pero la situación puede llegar a costar vidas. Por una parte, hay 40.000 miembros de los servicios de seguridad y emergencias, como bomberos, guardacostas, la agencia antidroga, el FBI o los guardas forestales, que trabajarán sin cobrar, lo que puede cuestionar la diligencia en su trabajo (o, en casos extremos, hacerles más tendentes a ser corrompidos). Por otra, 38 millones de estadounidenses de bajos ingresos que perciben los cupones de alimentación para poder ingerir unos nutrientes básicos podrían dejar de recibirlos a partir de febrero. Finalmente, hay 1.150 contratos de ayudas al alquiler de la vivienda que subsidia el Gobierno Federal y que expiraron en diciembre o lo harán este mes, por lo que 40.000 familias podrían ser expulsadas de sus casas u obligadas a abonar la parte del alquiler que dejará de pagar la Administración. Si el cierre se prolonga hasta marzo, la ausencia de estas ayudas a la vivienda podría afectar a 2,2 millones de hogares.
En la misma línea, la Administración Federal no podrá hacer frente al alquiler de los casi 7.000 inmuebles que utiliza, lo que supone un gasto anual de 5.600 millones de dólares, unos 460 millones al mes que los propietarios no recibirán. Aunque la ley impide desahuciar al Gobierno Federal por impago, los dueños pueden acudir a los tribunales. Pero estos no percibirán esos ingresos con los que cuentan con ese dinero para saldar sus deudas o acometer inversiones.
En lo relacionado con la salud a medio y largo plazo, la agencia de seguridad alimentaria y de medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), también trabaja bajo mínimos, con lo que las inspecciones de alimentos no son tantas ni tan rigurosas como acostumbran. Además, no se están aceptando nuevas peticiones para la revisión de nuevas patentes de medicamentos, retrasando la aprobación de fármacos hasta que no vuelvan a operar con normalidad cuando se aprueben los nuevos presupuestos.
Los mercados y la macroeconomía también sufrirán
Las grandes empresas tampoco se librarán de los perjuicios, especialmente aquellas que tenían previsto salir a bolsa en los próximos meses. El cierre de la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) impedirá el próximo debut en el parqué de las compañías que contaban con hacerlo en cuestión de unas semanas, con las compañías de transporte Uber y Lyft como casos más destacados. Los interesados tienen los ojos fijos en el próximo 14 de febrero, ya que si la documentación se acepta en la SEC posteriormente a esa fecha, las compañías tienen que realizar una auditoría del año 2018.
La aprobación de otras operaciones empresariales también queda en pausa, como es el caso de la compra de T-Mobile a Sprint por 26.500 millones, algo que no logrará la luz verde hasta que no reabra la Comisión Federal de Comunicaciones.
Por otra parte, a pie de calle, el consumo se retraerá. Los 800.000 empleados públicos que no reciben su cheque se verán obligados a acudir a sus ahorros para seguir subsistiendo, o a préstamos de familiares y amigos. Y si menguará el consumo de bienes imprescindibles en el día a día, se restringirá mucho más el consumo en actividades de ocio y la compra de bienes a medio o largo plazo que supongan fuertes desembolsos, como coches o viviendas.
Todo lo comentado tirará a la baja de la macroeconomía estadounidense. Si ya se esperaba que la desaceleración económica mundial afectara a EEUU, la caída del consumo y la inversión lastrarán aún más el crecimiento de EEUU. S&P Global Ratings estima que el PIB del país pierde 1.200 millones de dólares por cada semana que el gobierno federal permanece cerrado, la oficina de investigación del Congreso preveía un recorte semanal del 0,1% del PIB cuando hicieron los cálculos en 2013, mientras que los analistas de ING apuntan que el crecimiento interanual en el primer trimestre será del 1,7%, el peor dato desde el primer trimestre de 2016. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha advertido de que la situación "podría reducir el crecimiento económico a cero".
Una solución que no llega
El conflicto por la aprobación de unas nuevas cuentas federales tiene su principal punto de fricción en la financiación de la construcción del muro en la frontera con México que Donald Trump prometió en su campaña electoral y en lo que sigue insistiendo. El mandatario solicita 5.700 millones de dólares para ello, y amenaza con vetar cualquier otra propuesta presupuestaria que no recoja esta cuantía. Los demócratas, que acaban de hacerse con la mayoría en la Cámara de Representantes aunque sigan en minoría en el Senado, se niegan a dar su brazo a torcer al considerar que esta frontera física sería "inmoral".
Ante la falta absoluta de acuerdo, Trump lleva ya varios días amenazando con la posibilidad de declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur, con lo que podría dedicar fondos para el ejército, quien sería el encargado de la construcción del muro. Aunque esto podría desbloquear la situación al hacer innecesaria la financiación por las vías presupuestarias habituales, los contrarios al muro ya han advertido de que llevarían la medida ante los tribunales, lo que podría enquistar aún más la confrontación.
Y si la situación es actualmente endemoniada, mejor no imaginar si la coyuntura actual se prorroga hasta el 1 de marzo, cuando vence la prórroga de la suspensión del techo de gasto, cuando el impago de la deuda se acercaría peligrosamente.
