El Gobierno se guardó este viernes un as en la manga con la presentación de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado y es el de aclarar qué cantidad de dinero irá destinada a las partidas territoriales. En este sentido, Moncloa evitó a toda costa precisar el presupuesto en inversiones autonómicas -lo que comunicará el lunes-, y por ende, qué recibirán cada una de ellas. Eso sí, lo que no escondió la titular de Hacienda, María Jesús Montero, es que a Cataluña le corresponde, aplicando a pies juntillas su Estatut, la relación a la aportación que esta comunidad hace al PIB nacional, y que en estos momentos está en el 18,9%. Así pues, y teniendo en cuenta dicho parámetro, el Ejecutivo socialista estaría dispuesto a incrementar "partidas necesarias" que podrían rondar los 800 millones de euros, pasando de los 1.349,59 millones que recibió en 2018 a, cerca de 2.150 millones de euros para el ejercicio de 2019.
Estas mismas cuentas también recogerán el acuerdo entre Hacienda y la Generalitat para compensar el impago de esta inversión en años anteriores. En concreto, se acordó una compensación de 1.459 millones en cuatro años, con un primer pago de 350 millones en 2019.
El poder de las Cortes
Pero la aplicación ortodoxa del Estatut, tal y como pide el Govern de la Generalitat, y como este viernes remarcó el Ejecutivo de Sánchez tras el Consejo de Ministros, no es imperativo legal, ya que existe un fallo del Tribunal Constitucional que sustancia que son las Cortes quienes tienen la potestad de determinar el dinero que se dedica a los territorios o comunidades autónomas, y los criterios para fijarlo, bien sea el PIB, bien la población, etc.
Para Montero, el presupuesto que esta vez se destine a Cataluña "no es contrapartida" de nada para conseguir el voto favorable de los independentistas. Insiste en que es lo que recoge el Estatut y por "respeto" a él, ya es más que razón suficiente como para que el Gobierno aplique esta fórmula.
Tratando de disgregar una acción de otra, sin embargo, la titular de Hacienda añadió que estos Presupuestos son lo "suficientemente atractivos" como para que PDeCat y los republicanos catalanes de ERC no hagan ascos a esta mejora de inversiones y mejora de recursos, motivo por el que Montero admite ser "optimista" con la aprobación de las cuentas públicas de 2019, y llega a decir que le parece "muy difícil" que obvien estas medidas.
En el apartado de cohesión territorial, las cuentas recogen 110.570 millones de euros para las comunidades autónomas del régimen común, que se repartirán a través del sistema de financiación, un 6,2% más. Esta cifra incluye 2.496 millones de euros por ajuste del desfase del IVA. Por cierto, una cantidad muy discutida tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos, quienes aclaran el "truco" que la ministra de Hacienda ha utilizado a la hora adjudicar esta cantidad a una partida que ya quedó reflejada en la contabilidad nacional de 2017, y que sin embargo ahora rescata para camuflar un colchón presupuestario que "no existe".
El incremento de los fondos para el sistema de financiación ronda los 5.550 millones con respecto al proyecto para 2018 del Gobierno del PP, que a su vez incrementó unos 5.200 millones la dotación con respecto a 2017 y otros 5.300 la de 2016.
Ayudas a los ayuntamientos
En cuanto a los ayuntamientos, la ministra María Jesús Montero anunció que recibirán 19.320 millones, un 7,6% más. Además, apuntó que el sector local volverá a arrojar superávit que permitirá compensar contablemente el déficit de otras administraciones, aunque será algo menor porque las entidades están destinando una parte cada vez mayor de ese colchón a inversiones financieramente sostenibles, autorizadas por Hacienda.
De nuevo, el sistema de financiación autonómica repartirá fondos de acuerdo a la fórmula aprobada en el año 2009 puesto que sigue sin ser reformado (está pendiente desde 2014).
