Antes del 31 de diciembre, el Ministerio para la Transición Ecológica tenía que haber remitido a la Comisión Europea un Proyecto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el documento clave que define la senda del país para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos europeos de 2030 y despeja incógnitas tan relevantes como la presencia de las centrales nucleares en el mix de generación o el desarrollo del vehículo eléctrico. Así lo habían anunciado una y otra vez sus responsables, pero no ha podido ser; fuentes de la Cartera dirigida por Teresa Ribera indican que se ha solicitado una prórroga informal a Bruselas y que se presentará "en las próximas semanas".
El Reglamento UE 2018/1999 sobre gobernanza climática, publicado el pasado 21 de diciembre, emplaza a los socios comunitarios a elaborar un PNIEC con sus medidas para que la UE, en conjunto, reduzca sus emisiones de CO2 un 40% en relación a 1990, tenga un consumo de renovables del 32% y consiga un ahorro de energía del 32,5% en relación al escenario tendencial.
La Comisión tiene que analizar estos proyectos de planes durante el presente 2019, comprobar que encajan en la estrategia europea y remitir sus recomendaciones a los distintos gobiernos para que los modifiquen al objeto de alcanzar las metas comunes y disponer, antes del 1 de enero de 2019, de los PNIEC propiamente dichos. Bruselas, en un alarde de contradicción lingüística comunitaria, podrá "dictar recomendaciones" a los Estados.
La fecha límite para remitir los proyectos de PNIEC a los técnicos europeos era el 31 de diciembre, y España se cuenta entre el nutrido número de estados que han incumplido; algunos hasta tardarán meses en hacerlo.
España, más ambiciosa
El PNIEC español, según han señalado repetidamente los responsables del Ministerio, recogerá objetivos más ambiciosos de los que le correspondería por su cuota en la UE: planteará una penetración del 35% de renovables, otro 35% de ahorro y eficiencia energética, y una reducción del 20% del CO2 en relación a 1990; como las emisiones del país están un 17% por encima del nivel de 1990, la reducción prevista es del 37%, la más elevada de toda la UE.
Para conseguir esos objetivos, la penetración de las renovables debe ser del orden del 70% de la generación eléctrica - hoy rondan el 40%- y la propia electricidad debe cubrir el 40% de los usos finales de la energía desde el 25% actual, lo que implica electrificar parte de los usos térmicos y del transporte.
Pero que todo encaje es extraordinariamente complejo y en juego hay un volumen de inversión sólo en energía -nuevas instalaciones, redes, digitalización...- superior a los 100.000 millones de euros, además de numerosos efectos indirectos sobre activos existentes, como las centrales nucleares -cumplen 40 años de vida útil durante la próxima década- o las de carbón, que el Gobierno quiere cerrar a mediados de la década.
Para que los técnicos de Bruselas puedan comparar los PNIEC de los distintos estados -que han de someterse a consulta pública- y, los documentos deben seguir una guía establecida por el citado Reglamento e incluir elementos de las denominadas cinco dimensiones de la Unión de la Energía: la descarbonización, que engloba los gases de efecto invernadero y las renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía; y la investigación, innovación y competitividad.
Falta la Ley de Cambio Climático
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a remitir a las Cortes un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de que acabara el año, pero no ha sido así y fuentes conocedoras de la situación indican que su elaboración está más retrasada que la del Plan de Energía. Incluía la polémica medida de prohibir la matriculación de vehículos de gasolina y gasóleo en el año 2040.
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