El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado una Orden ministerial que remite al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) 60 millones de euros procedentes de los superávit del sistema eléctrico registrados en los últimos años para subvencionar nuevas instalaciones de energías renovables en los sistemas eléctricos no peninsulares, sobre todo en las islas Canarias.
La Orden de la Cartera dirigida por Teresa Ribera, además, indica que esa cantidad, consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este 2018, se podrá incrementarse con otras partidas del propio Ministerio y también con fondos del europeo Fondo de Desarrollo Regional (Feder) durante el período 2014-2020, de los que el Idae gestiona unos 800 millones.
La decisión de acudir a la hucha eléctrica para financiar estas subastas no tiene que ver con su aplicación para mantener los peajes eléctricos de 2019, puesto que fue decisión del anterior Ejecutivo.
Con la recepción de esos 60 millones, que debe producirse en un plazo de 10 días, el Idae ya podrá avanzar en la convocatoria de uno o varios concursos para renovables, año y medio después de que el anterior Gobierno lanzara la idea de celebrar concursos en las islas. El Gobierno central y el canario llevan meses indicando que su celebración es inminente, pero no se acababa de producir ningún avance.
El planteamiento original era celebrar subastas de eólica y fotovoltaica en las que los participantes concursaran por recibir una ayuda a la inversión en lugar de una tarifa a la producción eléctrica, un precio mínimo garantizado o una prima sobre el precio del mercado. Dichas ayudas iban a proceder del Feder.
Se barajaban 160 millones
En abril el Ministerio planteó al Gobierno canario celebrar dos rondas con tres convocatorias, una primera ronda en 2018, sólo para la energía eólica, y una segunda ronda en 2019 con dos convocatorias, una para eólica y otra para fotovoltaica. Cada ronda iba a contar con un presupuesto de 80 millones de euros, es decir, 160 millones en conjunto. El retraso de las subastas para fotovoltaica, según se explicó, derivan de la falta de proyectos con todos los permisos, en especial la Declaración de Impacto Ambiental.
Después apareció una propuesta de orden ministerial con las bases reguladoras para la concesión de las ayudas. El documento indicaba que se medirán en euros por MW de potencia de los proyectos, hasta un máximo de 50 millones para cada uno. El peso de todo el mecanismo reposaba en Idea, que se encargaría de lanzar las convocatorias y de fijar el presupuesto de cada una, así como la potencia máxima de los proyectos a concurrir, el volumen de las ayudas y los criterios de adjudicación, aunque siempre obtendrán más puntos aquellos proyectos que menos fondos soliciten, los que exploten un mayor recurso natural y los que tengan mejor localización.
El actual director general del Idae, Joan Herrera, quiere que estas subastas sirvan de banco de pruebas para las pujas que se celebrarán durante la próxima década en todo el país, primando elementos que faciliten la gestión del sistema, como el almacenamiento. Por ejemplo, baraja ligarlas a los vehículos eléctricos -piensa en las flotas de alquiler para turistas- o a sistemas híbridos que combinen varias tecnologías.
El retraso de todo el proceso tiene dos lecturas para el sector: se lamenta de que hay proyectos listos a la espera de que se presenten las convocatorias, pero a la vez apunta que están consiguiendo tiempo para la tramitación de los permisos y para que haya una mayor competencia en los concursos, algo exigido por Bruselas para liberar las ayudas.
Abaratar la factura de todos los consumidores
La energía eléctrica en las islas es mucho más cara que en la Península -hasta tres y cuatro veces más- y la generación renovable contribuirá a reducir su factura, que se carga solidariamente al resto de los consumidores de electricidad y a los PGE. El próximo 2019 se espera que el coste extra ronde los 1.400 millones.
