El Ministerio de Transición Ecológica tiene ya lista la Orden de pejaes eléctricos para el año 2019 en la que se congelan por quinto año consecutivo los costes regulados del recibo eléctrico. No obstante, cuadrar las cuentas del próximo año supondrá comerse la mitad de la hucha eléctrica que se ha ido acumulando gracias a los recortes realizados por los hermanos Nadal en los últimos ejercicios.
Con las estimaciones previstas, el nuevo Gobierno reducirá el superávit eléctrico a la mitad, ya que destinará del orden de 450 millones de euros a cuadrar las cuentas. No obstante, esta cantidad podrá variar. De hecho, el propio Gobierno ya alerta de los efectos de posibles actuaciones normativas que se puedan adoptar durante el ejercicio.
Pese a esto, la propuesta del departamento que dirige Teresa Ribera, a la que tuvo acceso elEconomista, mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos lo que permite congelar los peajes vigentes, que representan el 58% de la factura para los consumidores domésticos, el 41% para los consumidores medios, el 35% para los industriales y el 14% para los grandes o electrointensivos.
Impuesto del 7%
El nuevo Ejecutivo justifica esta decisión en su carácter coyuntural por el comienzo de un nuevo periodo regulatorio a partir de 2020, que supondrá un nuevo escenario de ingresos y gastos, así como el efecto temporal de la batería de medidas que adoptó para contener la subida de la luz como la suspensión temporal del IVPEE (el 7% para la generación), que solo tendrá efectos durante el primer trimestre de este año, en contra de la petición de las eléctricas para que se prorrogue de modo indefinido o se elimine completamente.
Transición Ecológica, no obstante, deja una puerta abierta a poder reducir esta cantidad de uso de la hucha eléctrica ya que estima, además, que si durante 2019 se procediera a la corrección del efecto del Real decreto ley 15/2018 sobre los ingresos por los complementos de reactiva y de excesos de potencia, el sistema podría ingresar 130 millones de euros adicionales que reducirían en la misma cuantía la necesidad de aplicación del superávit acumulado en ejercicio anteriores para poder compensar estos desajustes de ingresos y gastos.
En cualquier caso, los pagos derivados del déficit de tarifa acumulado ascenderán en 2019 a un total de 2.740 millones.
Según la orden de tarifas, los costes del sistema para 2019 serán de 17.656 millones de euros frente a unos ingresos de 17.700 millones, lo que arroja un saldo positivo de 43,7 millones de euros. Para elaborar estas previsiones, el Gobierno ha estimado una demanda de 271.422 GWh, lo que supone un incremento del 2%.
El Ministerio además ha contado a su favor con una minoración de los costes gracias a una partida correspondiente a la regularizacion del ejericicio 2015 que asciende a 315 millones a favor del sistema, también se incluye el extracoste procedente de las instalaciones con derecho a percepción del régimen específico de 43 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que ha elaborado la CNMC.
La Orden ministerial suprime además el servicio de disponibilidad actual, es decir, el dinero que reciben las centrales eléctricas por estar en servicio.
La ministra evita a los consumidores un gasto de 170 millones de euros anuales
El Ministerio considera prudente un análisis en profundidad del mismo de acuerdo con las directrices que surjan del paquete legislativo europeo, así como de los objetivos que asuma España del desarrollo de renovables.
Con esta medida, la ministra evita a los consumidores un gasto de 170 millones de euros anuales, pero aplica un nuevo recorte para las empresas del sector.
El sistema eléctrico recibirá además durante el próximo año una aportación de 3.320 milones de los Presupuestos Generales del Estado. En esta cantidad se incluyen los 750 millones de los derechos de CO2, los 2.530 millones de la Ley 15/2012 y 40 millones adicionales para compensar la decisión de la supresión del peaje 6.1B, el llamado euskopeaje. El Ministerio realiza una estimación de estos ingresos ya que, por el momento, no se está tramitando ni siquiera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El Ejecutivo asume un máximo de 750 millones de euros por los ingresos de las subastas de emisiones de CO2. Asimismo, se incluyen ingresos de 2.394 millones para 2018 y de 2.530 millones en aplicación de la Ley 15/2012.
Ribera incluye además en la partida de ingresos 11 millones de euros logrados al fraude, según la información aportada por la CNMC en su informe.
La orden establece también una formulación en concepto de entrega a cuenta hasta que se aprueben las órdenes de retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, ya que por el momento no se han aprobado las retribuciones de los años 2017, 2018 y 2019.
En lo que respecta a 2019 se han realizado estimaciones en base a los planes de inversión de las empresas así como a los cálculos de años anteriores.
Pagos adicionales
El Ministerio añade además que a partir del 1 de enero, hasta que se apruebe la orden que debe fijar los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el PVPC para el periodo 2019-2021, se seguirán incluyendo los valores del término fijo (CCF) de los costes de comercialización y del componente de retribución unitaria (Runitaria) del término variable horario (CCVh), es decir, que se sigue sin actualizar las cantidades que recibirán estas empresas para el siguiente periodo regulatorio.
El Gobierno crea en esta orden dos pagos adicionales para los operadores de mercado y del sistema eléctrico en función de la potencia disponible. Omel recibirá 18 millones y REE tendrá 65 millones.
La orden ministerial presentada por Transición Ecológica será la última que elabora este departamento, ya que su titular Teresa Ribera se comprometió a que, a partir de ahora, la elaboraría la CNMC bajo el paraguas de las líneas políticas que diera el Gobierno, es decir, de un modo similar al del resto de Europa. Con este cambio además se podría subsanar el expediente abierto por la Comision Europea.
