El último Consejo de Ministros de 2018 aprobó un paquete de medidas de materia laboral y social consideradas de "urgencia" por el Gobierno de Pedro Sánchez, y con el que inicia su ofensiva para el incremento de la recaudación tributaria, de momento, a costa de las rentas del trabajador principalmente.
Concretamente, la norma que sacó adelante el Gobierno establece un aumento de las bases máximas de cotización del 7% para el próximo año en el régimen general de trabajadores. Esta decisión conlleva un aumento de la recaudación de 700 millones de euros, según cálculos de CCOO, mientras que CEOE ya ha alertado de que supondrá un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones de euros. Esto se suma a la subida de la cotización mínima ligada al salario mínimo interprofesional aprobada la semana anterior, con un alza del 22,3% -la mayor en cuatro décadas-, situando dicha remuneración en los 900 euros al mes.
Además, el Consejo de Ministros también aprobó el Real Decreto-ley que fija la subida de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, que se eleva un 1,25%, hasta los 944,35 euros al mes, y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.
Este Real Decreto-ley, que cuenta con el respaldo de las organizaciones de autónomos más representativas, fija que el tipo de cotización pasa a ser del 30%. De esta forma, los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes, hasta 283,3 euros en el caso de que coticen por la base mínima, aunque a cambio recibirán una mayor protección.
"El Gobierno cumple con un sector fundamental y hemos dado un paso crucial para que los autónomos tengan la protección social que merecen", ha apuntado Pedro Sánchez, tras afirmar que, con este acuerdo, "España se sitúa a la cabeza en cuanto a la protección de este colectivo".
Este modelo de cotizaciones cubrirá a los autónomos por contingencias comunes y profesionales, por cese de actividad y por formación profesional, generalizando estas coberturas, algunas de las cuales antes sólo eran voluntarias.
Batalla contra la temporalidad
El macrodecreto también incluye el aumento de la cotización para los contratos de corta duración, aquellos inferiores a cinco días. Según el borrador inicial del Real Decreto, la necesidad de luchar contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración requiere la adopción de medidas "urgentes".
Así, el Ejecutivo pretende equiparar la protección social de los trabajadores que suscriben este tipo de contratos con quienes han podido suscribir un contrato de trabajo de corta duración más amplia y, por otro lado, incrementar las cotizaciones en estos contratos como medida disuasoria para el empresario. Por ello, se modifica el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de elevar el alza en la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36% actual al 40%. En este ámbito también se aprobó la prórroga de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED), mientras se trabaja en un nuevo modelo de protección asistencial que sustituirá a esta ayuda cuando esté listo.
Subida de pensiones
El texto aprobado recoge el nuevo índice de revalorización de las pensiones, por el que esta prestación pasa a revisarse cada año con un indicador ligado a una media del IPC interanual de los últimos doce meses. El borrador inicial de la norma estipulaba que este nuevo índice, en función del IPC internacional, se establecería de forma indefinida. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó en rueda de prensa este viernes que el Ejecutivo se compromete a establecer un nuevo mecanismo en el futuro, fruto del "diálogo".
Para 2019, el decreto incluye un aumento de las pensiones del 1,6% y del 3 en el caso de las mínimas. El coste total de la subida alcanza los 2.591,65 millones de euros, de los cuales 2.481,10 corresponden a pensiones contributivas. Y la consolidación en la pensión de la décima de desviación con la inflación real en 2018, y la paga compensatoria que se abonará al conjunto de pensionistas tendrá un coste de 244,66 millones de euros.
Principales medidas económicas y sociales
1) Incremento de las pensiones
El Consejo de Ministros aprobó en el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo la revalorización de las pensiones de un 1,6% y un 3% las mínimas y no contributivas para el próximo año. El texto normativo recoge también el abono de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó y el 1,7 final, resultado de calcular la media de los índices de precios al consumo mensuales de los últimos doce meses. Por su parte, la pensión de viudedad para los titulares con cargas familiares se situará, a partir del 1 de enero, en los 783,6 euros de media tras elevarse la base reguladora del 56 al 60% para este ejercicio. Finalmente, la revalorización de manera "indefinida" de las pensiones con el IPC se descarta y se da un plazo de 6 meses al Pacto de Toledo para acordar un nuevo mecanismo que sustituya al IRP que venía revalorizando las prestaciones el 0,25%.
2) Creación de empleo
Las previsiones del Gobierno proyectan una creación de 800.000 nuevos puestos de trabajo en estos dos años, recordó Sánchez, con las cifras de mejora de empleo y paro en mujeres y jóvenes, ya que en el último año el número de afiliación entre las mujeres supera los 260.000, al tiempo que el de los jóvenes ha crecido en 106.000.
3) Salario Mínimo (SMI)
Aprobado en el anterior Consejo de Ministros, Pedro Sánchez hizo alusión el viernes al incremento del SMI en un 22,3%, el mayor en cuatro décadas, hasta 900 euros a partir de 2019, lo que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores.
4) Función Pública
Las medidas en Función Pública, con la oferta de empleo público, traen este años 30.000 nuevas plazas, o el alza salarial de al menos un 2,25% en 2019, al que podría sumarse otro 0,25% ligado al crecimiento y otro 0,25% por fondos adicionales.
5) Ayudas al 'Brexit'
El Gobierno adoptará a través de un real decreto, que se aprobará como muy tarde a principios de febrero, los planes de contingencia necesarios para el caso de que el Reino Unido abandone la UE sin aprobar el acuerdo de salida que negoció con Bruselas. Los planes persiguen proteger las relaciones comerciales y, entre otras cosas, prevén las necesidades materiales y personales para, por ejemplo, establecer los controles aduaneros habituales para el comercio con un tercer país (que es lo que pasará a ser el Reino Unido a partir del 30 de marzo).
6) Impuesto a las hipotecas
El líder del Ejecutivo se ha referido también a la "rapidez" del Ejecutivo para dar respuesta al pago del impuesto de hipotecas.
