Las consecuencias de las elecciones en Andalucía el pasado 2 de diciembre han trastocado el tablero político nacional. Sobre todo al Gobierno de Pedro Sánchez, que tenía previsto aprovechar el viento a favor de unos resultados dignos para Susana Díaz, y en sus cábalas, de unos malos para Pablo Casado en esa región, para de inmediato registrar los Presupuestos de 2019 en el Congreso, el 14 de diciembre. Al menos, esas eran las órdenes al Ministerio de Hacienda, según fuentes consultadas por este diario. La siguiente fase pasaba por convocar elecciones generales antes del 18 de enero para que éstas se celebraran en el mes de marzo, ya que más tarde no se podría, pues no se puede a dos meses de otros comicios como los municipales, autonómicos y europeos del 26-D.
Contra este pronóstico, a las diez de la noche del 2 de diciembre, el souflé se desinfla. El PSOE pierde 600.000 votos y el poder omnímodo en Andalucía, su principal granero electoral. Esto es precisamente lo que le lleva a pensar a la oposición, también a un sector del PSOE, muy molesto con Sánchez y con sus guiños a los secesionistas catalanes, que el Ejecutivo ha recurrido ahora a los Presupuestos, y antes a unos objetivos de déficit rechazados, con el fin de ganar tiempo. De ahí que contemplen estos Presupuestos como una pantalla para tapar el verdadero objetivo: aguantar unos cuantos meses más en Moncloa, al menos hasta mayo, cuando dentro y fuera de su partido se empieza a ver a Sánchez como "un cadáver político".
La operación emprendida estos días por Moncloa, razonan desde la oposición, consiste en estirar el calendario con la tramitación de los Presupuestos Generales que empezarían a debatirse en enero, y que podrían prolongarse hasta marzo. En la lógica de que éstos no salgan adelante, la posibilidad del superdomingo cobra fuerza de nuevo. De lo contrario, Sánchez habría ganado la importante partida de una suerte de cuestión de confianza que le deja con cierta holgura hasta 2020.
Desde el Gobierno, el entorno presidencial trataba el día de la Constitución de restar importancia a las cuentas. Es más, afirmaban que si se presentan es por un deber constitucional de hacerlo antes de fin de año. La ejecutoria de un Gobierno a través de decretos, tomando la iniciativa y sorprendiendo a propios y extraños, será el fundamento de su actuación política, recalcan quienes rodean al presidente, avanzando grandes movimientos y anuncios para el Consejo de Ministros del 21-D en Barcelona.
La irrupción de VOX
La oposición no lo ve así. Los Presupuestos tienen más calado del que parece. De otro modo, no presentarían unas cuentas que vienen avaladas por la senda fiscal de Mariano Rajoy, al que tanto han criticado por sus recortes. Ahondando en este aspecto, caído el primer guión de Ferraz con la irrupción de 12 diputados de Vox, y con el hecho de que la derecha no haya salido tan maltrecha como auspiciaban los socialistas y Podemos, PP y Cs se preguntan por qué se presentan ahora los objetivos de déficit con una senda fiscal del 1,8 por ciento, que van a ser rechazados, bien en el Congreso, bien en el Senado, si no es para jugar con los tiempos y escabullirse de una convocatoria electoral, que hasta su socio morado, intuye que podrá ser en marzo.
El siguiente movimiento, por tanto, será convencer a Pablo Iglesias, de que es necesario aguantar unos meses haciendo "grandes malabarismos", apostillan desde Génova. "Hay que embutir 6.000 millones más para políticas sociales, con una senda del 1,3%. Tienen que cuadrar ingresos y gastos. Y además hay que enviar a Europa la actualización presupuestaria, sin olvidar cuál es el verdadero impacto económico del SMI. La incógnita -se pregunta un destacado dirigente del PP- es si con estos obstáculos, con la presión de los soberanistas y con el juicio del procés se pueden llegar a mayo de 2019.
