El Banco de España contará con nuevas herramientas para controlar cómo y a quién concederán crédito los bancos a partir de ahora. En este sentido, según explicó el viernes la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una de las herramientas macroprudenciales con las que contará el supervisor será la de imponer medidas de castigo en el nivel de capital requeridos por la financiación a determinados sectores.
Esta iniciativa, por ejemplo, hubiera servido para desincentivar la concentración de crédito en cartera con riesgo promotor en la época previa a la explosión de la burbuja y, además, habría permitido reducir las pérdidas derivadas de este tipo de activos, puesto que las coberturas hubieran sido mayores.
De hecho, según fuentes cercanas al organismo presidido por Pablo Hernández de Cos, esta medida justo persigue evitar que se repitan los excesos que condujeron a la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, aceleraron la crisis financiera. Hasta el momento, el Banco de España podía limitar la concentración de crédito, pero de forma individualiza y ligada a la exposición crediticia de cada entidad con su cliente. "Como regla general, los bancos no pueden tener en su balance una exposición a una contraparte determinada superior a un 25% de los recursos propios", señalan fuentes del Ministerio de Economía.
Esta nueva medida entrará en vigor a partir de hoy -fecha en la que publicará la nueva normativa, un Real Decreto-ley, en el Boletín Oficial del Estado-, por lo que podría ya reflejarse en los niveles requeridos por el Banco de España durante los próximos trimestres.
Por el momento, el Banco de España ha recurrido poco a las herramientas macroprudenciales de las que ya dispone. Así, en los últimos trimestres, había exigido 'cero' provisiones específicas derivadas del crédito hipotecario. La banca no espera que a corto plazo la entidad cambie esta política, pero la modificación de la normativa podría producir alguna sorpresa. Hasta ahora el Banco de España solo ha alertado por el aumento de la concesión de crédito al consumo, pero no sobre la exposición a determinados sectores. Las entidades financieras defienden que el peso de este tipo de financiación en su cartera crediticia es reducido.
Seguridad para el inversor
El Banco de España no ha sido el único supervisor que saldrá hoy reforzado del decreto aprobado por el Consejo de Ministros. También lo hará la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la nueva norma "le da capacidad para establecer requerimientos mínimos de liquidez, de forma que pueda imponer para las entidades bajo su supervisión el mantenimiento de un volumen de activos líquidos de elevada calidad para hacer frente a peticiones de retirada de fondos en un contexto de tensiones de mercado", explican fuentes de Economía. Durante la crisis financiera, en momentos puntuales, algunos fondos de inversión tuvieron que cerrar los reembolsos por no contar con suficiente liquidez para poder hacer frente a las peticiones de traspasos.
Asimismo, el Gobierno también aumenta la gama de herramientas prudenciales de la Dirección General de Seguros y Fondos, que hasta ayer (véase gráfico) no contaban con ninguna. En este sentido, tendrá capacidad para limitar la exposición sectorial -ahora puede individualizadamente- y para limitar las operaciones de transferencias de riesgo y de carteras de seguros.
La extensión a la CNMV y a Seguros de medidas hasta ahora propias del Banco Central quiere prevenir la huida de actores financieros a los sectores colindantes.
Nueva Autoridad prudencial
El Gobierno también ha sacado a información pública una propuesta de Real Decreto para dar carta de naturaleza a la nueva Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), una entidad que aumentará la coordinación entre las instituciones supervisoras -Banco de España, CNMV y Seguros- al objeto de prevenir crisis sistémicas. Debía existir desde junio de 2013, de acuerdo con la normativa europea; España es, junto a Italia, los únicos socios que no cuentan con un organismo así, y Bruselas y otros organismos internacionales, como el FMI, nos reclaman su aprobación con frecuencia.
Para crear la Amcesfi, el Gobierno ha adoptado un modelo similar al alemán, con vocación de independencia -otorga una presencia mayoritaria de las instituciones supervisoras para limitar la incidencia del ciclo político de turno- y con facultad para emitir alertas y recomendaciones, pero no para imponerse sobre los supervisores ni para establecer sanciones.
Hay otros modelos -en el país vecino, el Banco de Francia tiene capacidad de veto sobre su Autoridad y en Reino Unido puede exigir medidas concretas-, pero no se conoce su eficacia porque aún no han tenido que probarse.
Mayoría independiente
Así, de forma colegiada, el Consejo de la Amcesfi tendrá ocho miembros y estará presidido por la Ministra de Economía. La Vicepresidencia la ocupará el gobernador del Banco de España, que también aportará al subgobernador, mientras que los otros cuatro cargos corresponden a la presidencia y la vicepresidencia de la CNMV, a la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y al director general de Seguros y Fondos de Pensiones. El secretario, con voz, pero sin voto, será el abogado del Estado de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
Este Consejo se reunirá de oficio cada seis meses, mientras que un Comité Técnico que preparará y estudiará los asuntos a someter al Consejo -presidido por la Subgobernación del Banco de España- se reunirá cada tres, pudiendo convocarse reuniones con una periodicidad menor si así se requiere.
La Amcesfi analizará los factores que conlleven un riesgo sistémico de forma constante y emitirá opiniones, alertas y recomendaciones a los supervisores sectoriales, especificando el factor de riesgo sistémico al que se refiere y su nivel de peligrosidad. Estas comunicaciones serán públicas, así como las respuestas de los destinatarios, excepto que el Consejo apruebe por mayoría simple que ello puede provocar perjuicio a la estabilidad financiera. Lo más normal es que todas las opiniones y las alertas sean públicas, mientras que haya más casos de confidencialidad en las recomendaciones. También se publicará un informe anual.
