Londres
Theresa May ha puesto de nuevo en práctica su táctica de cabecera, la compra de tiempo, al dejar en suspenso la votación del acuerdo del Brexit prevista para este martes. Pretende así evitar, o al menos retrasar, una severa derrota en el Parlamento que podría no solo provocar su desalojo de Downing Street, sino la caída misma del Gobierno. La decisión conocida este lunes representa una sorpresa a medias, puesto que si bien la primera ministra y su gabinete la habían descartado reiteradamente, el alcance del rechazo era tal que mantener la votación del martes en Westminster habría supuesto un suicidio político sin precedentes en la historia reciente.
El problema es que, lejos de constituir una solución, el retraso podría resultar una mera demora de lo inevitable. Es difícil hallar en las últimas décadas una fragmentación como la que el divorcio con la UE ha provocado en la Cámara de los Comunes y, con esta retirada a última hora, May se ha jugado no solo su credibilidad, sino la suerte misma del Brexit, puesto que, de momento, se niega a avanzar fecha para la votación definitiva.
Antes del 21 de enero
Lo único que ha concedido es que regresará a Westminster antes del 21 de enero, plazo límite, según el calendario vigente. La impresión más extendida, con todo, es que no tendrá lugar hasta el nuevo año, sobre todo, después de que el secretario de Comercio Internacional, uno de los brexiteros más acérrimos del Ejecutivo, admitiese que lo prefería, para no "acelerar" la negociación.
La incertidumbre, sin embargo, ha sido suficiente para desatar las suspicacias entre los diputados sobre un potencial intento de forzar la situación para que la única dicotomía se reduzca al acuerdo de la premier o a una salida no pactada, un desenlace que, inevitablemente, parece haber aumentado, cuando restan apenas seis semanas para decidir cómo romper un matrimonio de conveniencia de más de cuatro décadas.
May se esforzó en defender que había "escuchado las claras preocupaciones" expresadas por el Parlamento en los tres días de debate que habían tenido lugar. Como consecuencia, su "foco" será reunirse con autoridades de la UE y líderes europeos antes del Consejo que arranca este jueves, con el objetivo de hallar fórmulas que otorguen al Parlamento británico suficiente legitimidad democrática sobre la controvertida cláusula de seguridad para evitar una frontera dura con Irlanda. El reto es, por tanto, hacerla digerible para aquellos que han expresado sus reservas, en ningún caso sacarla del tratado de retirada, ya que, como se encargó de subrayar durante su intervención, "no hay acuerdo sin cláusula de seguridad".
En consecuencia, su suerte ha pasado del Parlamento a quedar en manos de la UE y, adicionalmente, de los intereses encontrados de los estados miembro, cada vez más hastiados ante las concesiones que, algunos como Francia, creen que se han otorgado a quien a partir del 29 de marzo ya no formará parte del club. Así, el futuro de May e, ineludiblemente, el del Reino Unido, dependen ahora de la flexibilidad que Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y otros líderes ofrezcan en materia de "garantías adicionales" en la salvaguarda norirlandesa.
No en vano, la primera ministra está convencida de que, más allá del riesgo de permanencia en la unión aduanera, el plan es adecuado, una percepción que colisiona con la del Parlamento. Si algo había permitido el rechazo al acuerdo fue construir puentes sobre qué opciones recabarían una mayoría y la salida inspirada en Noruega había comenzado a ganar enteros, junto un potencial segundo referéndum. El retraso de la votación, por tanto, sabotea este principio de consenso y amenaza con envalentonar aún más a los diputados si May no logra algo sustancial de Bruselas.
Posible moción de censura del laborismo
El laborismo ha descartado una moción de censura inminente, una maniobra táctica para garantizar que tiene el apoyo suficiente para forzar la caída del Gobierno. Sus cálculos estiman que ocurrirá cuando May regrese a Westminster a exponer la falta de resultados de su renegociación con Bruselas.
Para entonces, la primera ministra habrá "perdido incuestionablemente la confianza del Parlamento", lo que hará "más probable" el adelanto electoral, su objetivo preferente. Jeremy Corbyn resiste así la presión del resto de la oposición, que reclama ya un voto de no confianza. De hecho, algunos de sus diputados han unido sus firmas a las de medio centenar de parlamentarios que la demandan de inmediato.
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