Los sucesivos aplazamientos de un eventual acuerdo en el Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones parece que tendrá un nuevo episodio a cuenta del rally electoral que se avecina en 2019.
El momento de stand by en el que parece adentrarse la Comisión amenaza con batir la voluntad de los grupos políticos de cerrar un documento con las recomendaciones para modificar la Ley de la Seguridad Social y dar respuesta a la crisis financiera en la que se ha instalado el sistema.
Recientemente, la presidenta de la Comisión Celia Villalobos expresó públicamente la intención de elevar dicho texto al Consejo de Ministros antes de que finalizase el año, pero los últimos derroteros por los cuales transcurre la negociación parecen alejar la fecha de expiración al próximo 2019.
En primer lugar el trabajo de los grupos encontró a principios de noviembre un nuevo obstáculo imprevisto, más aún después de alcanzar en septiembre el mayor consenso desde que la Comisión se relanzase en octubre de 2016: la revalorización de las pensiones en relación a la evolución del IPC -lo que además supone la derogación de facto de la reforma impulsada por el PP en 2013-.
Este escollo no es menor, toda vez que se trata de la recomendación 16, la que hace referencia al impuso de los sistemas de ahorro complementarios, cuestión crucial con el actual cuadro de déficit financiero de la Tesorería de la Seguridad Social que aventura una caída de los niveles de generosidad del Sistema en las futuras pagas de jubilación, amenazando así el nivel de poder adquisitivo de las futuras clases pasivas.
Esto, en última instancia, implica un retraso en la culminación del acuerdo que parecía haber metido la sexta marcha tras el consenso en la recomendación segunda, de mantenimiento del poder adquisitivo, y primera, en términos de separación de fuentes de financiación con el traspaso a los Presupuestos de parte de los gastos de administración de la Seguridad Social y prestaciones no contributivas por valor cercano a los 10.500 millones de euros.
El panorama expectante ante un posible superdomingo electoral
Sin embargo, amén de los retrasos intrínsecos al trabajo de la Comisión el calendario electoral conocido, y por conocer, de 2019 también supone un elemento de incertidumbre para la consecución de un acuerdo. Cabe recordar en este punto que una vez pactado el documento con las 21 recomendaciones de la comisión es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de llevar al Congreso de los diputados una propuesta para reformar la le de la Seguridad Social.
En primera instancia, esto no tendría conexión con los eventuales procesos electorales -en mayo de 2019 se celebran elecciones autonómicas y provinciales, y también las elecciones al Parlamento europeo- si no fuera porque el cálculo político entrará condicionará la actividad política de los próximos meses, y una norma como la de las pensiones que afecta a 9,5 millones de votantes parece susceptible de verse afectada por el fenómeno electoralista.
Y a todo esto habría que sumar la posibilidad de la celebración de un superdomingo electoral con la coincidencia de un eventual adelanto de las elecciones generales ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales en enero.
La disensión sobre los sistemas complementarios, otro elemento de demora del acuerdo
De este modo, se encontraría los intereses del Gobierno y sus socios de no exponer al Congreso de los Diputados una reforma de la ley de la Seguridad Social, que más que una victoria podría suponer la puntilla para el Ejecutivo en términos de desgaste. Más aún, cuando el documento de recomendaciones contará con votos particulares en aspectos esenciales de la reforma -ejemplo de los partidos de izquierda en la recomendación referente al impulso del ahorro privado-, lo que haría del trámite parlamentario un camino menos liviano del que se prevé ante un consenso unánime de las fuerzas políticas en el seno del Pacto de Toledo.
Un hecho que, sin embargo, no sería un freno para la aprobación de la ley ya que los aspectos centrales de la reforma están embridados entre los partidos de mayor representación parlamentaria. Así entre los partidos de la oposición se barajan sentimientos encontrados de facilitar la consecución del acuerdo y poner al Gobierno ante la tesitura de presentar el proyecto en el Congreso por un lado, y el de evitar esta misma situación, toda vez que una eventual reforma que saliese adelante con el apoyo de la mayor parte de la Cámara se podría ver como el gran éxito de la breve legislatura socialista.
Todo ello, sustentado en la pérdida de la correlación de que lo acordado en el Pacto de Toledo automáticamente se aprueba en el Congreso, debido a la inexistencia de unanimidad sobre la reforma.