Londres
Theresa May apura las maniobras previas a la votación del acuerdo del Brexit para ofrecer concesiones que reduzcan el tamaño de una derrota parlamentaria que podría llevarse por delante no solo su carrera política, sino al propio Gobierno. Pese a las recomendaciones de parte de sus ministros para que ponga el voto del martes en suspenso, la primera ministra británica mantiene la resolución de ganar apoyos entre un cada vez más correoso grupo parlamentario conservador, mediante garantías de que su voz será determinante sobre los aspectos más delicados del pacto de retirada.
De momento, los réditos escasean y el número de tories que prevé votar en contra sigue superando el centenar, lo que granjearía una derrota tal que su continuidad en el Número 10 sería insostenible. Por ello, su misión ya no pasa por aprobar el acuerdo, sino por minimizar el rechazo para poder pasar a la siguiente fase, en la que la incertidumbre es mayor incluso que la que rodea al veredicto del martes.
La premier reunió ayer al núcleo duro del Ejecutivo para acometer un análisis de situación y evaluar opciones, pero apenas dio pistas de qué planea tras la derrota. El mensaje de sus ministros fue más claro: sus filas no le perdonan controvertidas concesiones como la cláusula de seguridad para evitar una frontera dura con Irlanda y el detalle no menor de que pueda dejar al Reino Unido atrapado "indefinidamente" en una unión aduanera es suficiente para que diputados de ambos bandos, eurófobos y partidarios de la continuidad, le den la espalda.
Como consecuencia, las concesiones planteadas por May no solo no bastan, sino que llegan tarde. La primera ministra confiaba en que garantizar la autorización de Wesminster para la activación de este mecanismo, u optar por la ampliación de la fase de transición, le permitiría recabar respaldos entre los opositores menos acérrimos al plan. Sin embargo, los parlamentarios son conscientes de que este voto tampoco supondría la última palabra, ya que el Tratado de Retirada recoge que un comité conjunto del Reino Unido y de la UE sería el responsable de decidir cualquier ampliación del período de implementación, lo que requeriría de la unanimidad de los Veintisiete. En otras palabras, cualquier estado miembro podría bloquearlo.
Como resultado, cualquier as que May tenga pensado sacarse de la manga colisiona con la realidad reflejada negro sobre blanco en las 585 páginas del acuerdo vinculante, el mismo que Bruselas se niega a renegociar, lo que la deja sin comodines para evitar la catástrofe a la que parece encaminarse. Así, ni su futuro, ni aparentemente el del acuerdo dependen ya de ella y solo la división que reina en Westminster podría ofrecerle una vía de salida.
No en vano, conservadores y laboristas estarían cooperando ya para asumir el control una vez consumada la derrota, lo que ampliaría las posibilidades de una versión del divorcio más blanda de la actual, ya que es la corriente con menos oposición en el fracturado Parlamento. Esta posibilidad es suficiente para desencadenar el pánico entre los eurófobos, que se verían en la dicotomía de elegir entre la salida dura planteada por May; o facilitar una indigerible proximidad a la UE.
