El texto de la nueva ley hipotecaria ya está cerrado. La Comisión de Economía y Empresa del Congreso encargada de dar forma a la norma acabó este martes su trabajo con las últimas negociaciones a insertar. Los partidos acordaron que, en el caso de la subrogación del préstamo, el segundo banco deberá compensar al primero por su parte correspondiente a los gastos hipotecarios para evitar competencia desleal.
El Congreso zanja así una de las mayores críticas del sector financiero a la norma, ya que dejaba en desventaja al banco inicial que concedía una hipoteca frente a un segundo que la subrogara. Es decir, como la nueva ley reparte los gastos hipotecarios y los achaca en su mayoría a la banca (a excepción del de tasación de la vivienda), el primer banco que formaliza la hipoteca asume el grueso del coste frente al segundo, de modo que podría compensar más a las entidades llevar a cabo subrogaciones que formalizar hipotecas.
Ahora, la nueva norma fija que el segundo banco pagará al primero los intereses que le queden por cobrar para compensar los gastos que tuvo que abonar en la formulación del contrato.

Los diputados también acordaron ayer rebajar y limitar las comisiones que cobran las entidades por la amortización anticipada del préstamo, ya sea parcial o completamente. En las hipotecas a tipo fijo, la comisión pasará del 2% del capital pendiente en los diez primeros años de vida, y del 1,5%, en los diez segundos. El anteproyecto de ley elaborado por el anterior Gobierno fijaba la comisión en el 4% y el 3%, en función de los años de vida del préstamo. Esta comisión alcanza actualmente hasta el 5% para hipotecas formalizadas después de diciembre de 2007.
Para los préstamos a tipo variable, la nueva ley fija eliminar la comisión a partir del sexto año y si se amortiza a partir del tercer o quinto año, limitarlas al 0,25% o el 0,15%, en función de la negociación con la entidad. Con la actual normativa, esta comisión alcanza hasta el 1%.
La ley, que promueve el traspaso de variable a fijo, abarata la comisión por este cambio al 0,15% del capital pendiente, frente al proyecto del anterior Gobierno que la limitaba al 0,25%. La comisión actual que aplican las entidades oscila entre el 1 y el 3%, en función del banco.
Protección a las ejecuciones paralizadas
Finalmente, la norma buscará proteger con una mención específica las ejecuciones paralizadas en los juzgados a la espera de que se pronuncie al Tribunal europeo, aunque aún no se ha cerrado cómo se hará. "Todos estamos de acuerdo en que no deben desbloquearse los procesos que ahora mismo están pendientes de la sentencia del TJUE -dijo el portavoz socialista de Economía, Gonzalo Palacín-. El acuerdo está prácticamente cerrado y se trata de una cuestión de estilo".
Los grupos dan por concluido el trabajo de la ponencia y votarán las enmiendas que quedan vivas primero en la comisión del 11 de diciembre para después llevar la ley al último pleno del año, previsiblemente el 20 de diciembre. Si se cumplen las fechas, el texto llegará al Senado para el primer pleno de febrero.