La Comisión de Economía y Empresa del Congreso de los diputados, encargada de sacar adelante el nuevo texto que conforma la ley hipotecaria, busca un acuerdo in extremis para evitar retrasar la aprobación de la normativa al segundo trimestre del año. Los distintos grupos parlamentarios que conforman la comisión se reúnen este martes con el objetivo de lograr un texto común que remitir cuando antes al pleno del Congreso para su votación. El objetivo es que la nueva ley, una vez supere el trámite de la cámara baja, llegue al Senado el próximo mes de febrero, para que se apruebe antes del tercer trimestre.
No obstante, si la comisión de este martes se cierra una vez más sin acuerdo, y a consecuencia de las inminentes fechas navideñas, la entrada en vigor de la normativa quedaría postergada al segundo trimestre del año.
A pesar de las intenciones de acelerar la normativa, la tramitación de la ley ya lleva varias semanas encallada en la Comisión ante la dificultad de que los distintos grupos se pongan de acuerdo y el alto número de enmiendas presentadas al texto. Así, los partidos que no hayan logrado que se introduzca en el texto su postura, una vez la normativa llegue al pleno, podrán comunicar sus votos particulares y enmiendas. Esta fase, y en función del número de alegaciones, también incidirá en su retraso.
Finalmente, una vez la regulación llegue al Senado, la normativa debería ver la luz en un plazo de 20 días hábiles, puesto que el Gobierno aprobó en noviembre la tramitación urgente de la ley, reduciendo los plazos a la mitad.
Si el Senado se limita a sacar adelante el texto, la nueva ley quedará aprobada, pero si presenta enmiendas, el texto volverá al Congreso.
Prisa tras el lío judicial
La polémica creada por el Tribunal Supremo sobre el giro jurisprudencial acerca de que debía ser el banco el que pagara el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca aceleró la tramitación de la ley con el objetivo de crear seguridad jurídica. A pesar de que el Supremo, tres semanas después, dio marcha atrás y fijó que el cliente debía seguir pagando el tributo, el Ejecutivo y el resto de grupos parlamentarios trataron de reflejar de forma clara en la nueva normativa qué gastos debía asumir cada parte del contrato.
El Congreso determinó que el banco deberá asumir todos los gastos hipotecarios menos el de tasación de la vivienda. Respecto a los impuestos, las entidades asumirán el AJD en connivencia con el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 10 de noviembre, y el cliente afrontará el IVA, en el caso de que adquiera una vivienda nueva, o el impuesto de transmisiones patrimoniales, si es de segunda mano. No obstante, el caos del Supremo no impidió que la banca incrementara en octubre un 17% la concesión de hipotecas frente a un año antes.
Además, el grupo Unidos Podemos busca consenso para lograr que la nueva ley hipotecaria refleje en una mención específica que no afectará a los embargos que hay paralizados en los juzgados hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia europeo. La nueva ley, que pide al menos un año de impago para ejecutar la vivienda, podría abrir la puerta a que la banca ejecute los contratos que hay en los tribunales bajo el amparo de la nueva norma puesto que, con el tiempo que llevan en los juzgados, en muchos casos, ya se ha cumplido el año de impago.
