Si existe un sector para el que la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez ha sido todo menos tranquila, es para la banca. Tras el capítulo -por ahora en 'stand by'- de la creación de un impuesto solo para él, llegó la imposición de un tipo mínimo en Sociedades del 18 por ciento, y, posteriormente, gracias al Tribunal Supremo, las modificaciones en el obligado tributario en la tasa de Actos Jurídicos Documentados (AJD); y, ahora, las negociaciones para la reforma de la Ley Hipotecaria.
Un cóctel de alto voltaje para menos de seis meses de Gobierno, aderezado por la sensación de que desde el minuto uno tras su investidura, Sánchez arrancó la campaña para las futuras elecciones. La frase "nunca más los españoles pagarán el impuesto de las hipotecas" con la que el presidente del Gobierno anunció la aprobación del Decreto Ley para modificar el AJD, ha dejado la sensación en el sector financiero de que es un ejemplo del toque 'populista' con el que se ha vestido el Ejecutivo del PSOE para robar votos a Podemos.
En este contexto, la banca va a continuar manteniendo un silencio estudiado. Con un entorno político complejo, sabe que está en el punto de mira de todos y, que, aunque la lógica del mercado señala que el paso lógico es elevar los precios de las hipotecas, lo están valorando con tranquilidad, ante la sensación de que se encuentran ante un escrutinio inquisitorial.
Los periodistas, la población, la CNMC y el propio Ejecutivo, que incluso ha anunciado la creación de una entidad que 'velará' para controlar, entre otras cosas, los precios de las hipotecas, ejercen mucha presión a la espera de conocer cómo concluye la revisión de la Ley Hipotecaria. Algunas ideas que se están planteando en las negociaciones -como la inclusión de la dación en pago- podrían alterar de manera muy significativa el mercado de hipotecas que conocemos.
Créditos menos rentables
La banca defiende que sigue concediendo créditos hipotecarios con las condiciones previas al 'tsunami' generado por el Tribunal Supremo, aunque reconoce que merma su rentabilidad. Esa merma es un daño directo para los bancos cotizados, porque están perdiendo puntos respecto a las entidades de otros países. Por ello, esperan que la Ley Hipotecaria se apruebe con rapidez -tras más de dos años de retraso, ahora parece clave en la agenda política- y ponga las reglas futuras claras.
Por el momento, la banca ya da por descontado que habrá de asumir los gastos hipotecarios -hasta el momento las distintas formaciones políticas ya han pactado que el 87 por ciento de los gastos hipotecarios los asumirá el banco- y algunas incluso van más allá. CaixaBank también paga ya la tasación -curándose en salud-, que es un punto que quiere introducir Podemos.
La semana que viene proseguirán las reuniones de la ponencia que trabaja en la nueva normativa sobre las hipotecas y el sector financiero espera obtener una guía algo más clara sobre el entorno legal en el que tendrán que construirlas.
La banca soporta la sensación de estar sometida a un escrutinio inquisitorial
Sin las normas claras, la banca solo puede ser prudentes en su estrategia comercial. Según diversas fuentes, ahora mismo unas entidades se miran a otras para ver hacia dónde moverse, pero adelantan que es probable que se imponga más que antes la negociación individual entre banco-cliente.
"La oferta hipotecaria se encamina hacia un pacto más concreto entre el cliente y la entidad", apuntan. Un cambio que, previsiblemente, también alterará el aspecto de las campañas a las que estamos acostumbrados. De hecho, algunas entidades dan por ahora por enterradas las incisivas en el diferencial (los intereses de las hipotecas). "Serán distintas, reforzándose el grado de vinculación", explican. Este cambio favorecerá a los mejores clientes, que, en términos financieros, suelen ser los de mayores ingresos y patrimonio. Las rentas medias y bajas, que han logrado muy buenas condiciones en su hipoteca gracias a las campañas puntuales por precio, con las que el banco buscaba ganar cuota, pueden quedarse aparcadas por un tiempo.
Un país de propietarios
Con la compleja relación que se ha instalado entre la banca y la política en los últimos meses, fuentes financieras recuerdan que España es un país de propietarios gracias a que la financiación para la compra de vivienda siempre ha sido muy competitiva. Un cambio muy drástico en la legislación necesitaría también de una importante transformación del mercado de la vivienda en España, donde se primara el alquiler sobre la compra.
Otro handicap es retener a los accionistas a largo plazo. La banca española sigue, en muchos casos, obteniendo una rentabilidad por debajo de su coste de capital. Contaba con la subida de los tipos de interés, acompañada de una reactivación del mercado hipotecario, para impulsarla. Y ambos puntos parece que se retrasan, para disgusto de los inversores, que ya han sufrido la crisis bursátil generada por el Tribunal Supremo.
