El Ministerio de Fomento ha abierto negociaciones con los ministerios de Hacienda y Economía para pactar una rebaja de las tarifas en las autopistas de peaje quebradas que han revertido al Estado. El objetivo es llegar a un acuerdo en las próximas semanas para poder aplicar el nuevo régimen de precios en enero, según informan fuentes gubernamentales. El departamento que dirige José Luis Ábalos quiere abaratar el precio en todas las vías y para todo tipo de vehículos con el fin de incrementar el tráfico e intentar mejorar los ingresos de las carreteras.
Los análisis realizados por Seittsa, la sociedad dependiente de Fomento que ha asumido la explotación de las carreteras, determinan que una rebaja de las tarifas aumentará el tráfico en niveles suficientes como para que las autopistas, que parten de una situación de deuda cero, generen beneficios. Ahora Hacienda y Economía tienen que dar el visto bueno a la medida y concretar con el equipo de Ábalos la bajada de los precios para que en ningún caso pueda tener un impacto en el déficit público.
Fomento plantea, tanto para los turismos como para los vehículos pesados, una reducción generalizada de los peajes en las nueve autopistas quebradas: las cuatro radiales (R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid Arganda del Rey, R-4 Madrid-Ocaña y R-5 Madrid Navalcarnero), la M-12, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-41 Madrid-Toledo (la única que aún no ha revertido al Estado y que previsiblemente lo hará en enero), la AP-7 Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
La pretensión es homogeneizar las tarifas de estas vías, que en la actualidad "son muy dispares", tal y como admitió Ábalos la semana pasada en el Senado. Conllevará, por tanto, rebajar más aquellas que son más caras. Asimismo, el Ministerio quiere favorecer la utilización de estas carreteras por parte de los usuarios recurrentes mediante un sistema de telepeaje.
Para los turismos, la diferencia oscila entre los 0,11 euros por kilómetro que pagan en la R-2 hasta los 0,21 euros de la M-12, es decir, prácticamente la mitad. Mientras, para los camiones de dos ejes y vehículos con remolque de un eje, la horquilla varía desde los 0,16 euros hasta los 0,27 euros, y para los camiones de cuatro ejes o más y vehículos con remolque de dos o más ejes, entre los 0,18 euros y los 0,27 euros.
Las ocho concesionarias que operaban estas autopistas obtuvieron unos ingresos por peajes de 81,9 millones en 2016, lo que representó un 8,7% más que el año anterior, impulsados por el crecimiento del tráfico (+7,4%). El resultado antes de impuestos arrojó números rojos de 118,5 millones, sustancialmente inferiores a los 178,2 millones de 2015. Estas cifras se veían afectadas por el coste de la deuda que ahora el Estado no tendrá que enfrentar anualmente. Fomento ultima el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Se estima que puede situarse en torno a 2.000 millones -para este año ya se han contabilizado 1.800 millones-. Los fondos que compraron la deuda y Seopan elevan el importe por encima de 4.000 millones.
Inversión de 250 millones
El equipo del exministro Íñigo de la Serna realizó unas proyecciones para el ejercicio 2018 asumiendo que las autopistas revertirían el 15 de enero pasado por las que los ingresos se situarían en 103,7 millones (93,5 por peajes y 10,2 por áreas de servicio), el resultado bruto de explotación (ebitda) en 49 millones y el beneficio neto en 34,4 millones. No obstante, hasta febrero no comenzaron a ser gestionadas por Seittsa. Además, el tráfico ha frenado los crecimientos de los últimos tres ejercicios. No en vano, hasta octubre, las nueve vías registraron un retroceso del 0,9% con respecto al mismo periodo de 2017. En relación a sus máximos históricos -en su mayoría previos a la crisis-, aún se sitúan en niveles un 25% inferiores.
En paralelo a las negociaciones con Hacienda y Economía, Fomento tiene que concretar con Seittsa la prórroga del convenio para que ésta siga gestionando las autopistas a partir del 1 de enero. La idea es alargarlo por un periodo de dos o tres años, aunque todavía no se ha definido. Con ello, el Ministerio, siempre que su plan de generar beneficios tenga éxito, podría acometer un programa de inversión para reparar las necesidades de estas vías, que se aproximan a los 250 millones. Fomento no ha descartado la relicitación, aunque para ello se requiere de un planteamiento que cumpla la ley y resulte atractivo para los inversores.
