El Supremo impide que Fomento se incaute de las fianzas que, en su día, depositaron las concesionarias de las autopistas de peaje ahora quebradas. La medida del Alto Tribunal es cautelar, pero hay precedentes que apuntan a que puede convertirse en permanente. El anterior Gobierno se precipitó al asegurar que contaría con esos 250 millones en concepto de fianzas y usarlos para mitigar el coste que supone revertir las vías quebradas al Estado.
La cuantía de la responsabilidad patrimonial aún no está fijada, pero urge buscar otros medios para paliar su impacto. La relicitación de las autopistas sigue siendo una opción, pero todavía hay problemas que solventar como los conflictos que la Ley de Desindexación y la propia de Contratos Públicos presentan a la futura subasta.
