El Ministerio de Fomento tendrá que invertir alrededor de 250 millones de euros para la mejora de las nueve autopistas de peaje quebradas que han revertido a la Administración si opta por no privatizarlas. Éste es el cálculo que ha realizado Seitt, el organismo público que se ha hecho cargo de la explotación de las carreteras, según explican fuentes ministeriales.
Fomento resolvió en julio el contrato de siete de las ocho concesionarias quebradas. En enero hará lo propio con la AP-41 Madrid-Toledo. Todas ellas han revertido al Estado, después de que ninguno de los intentos por llegar a un acuerdo con las concesionarias y los acreedores (bancos y fondos) fructificara. Unos costes de expropiación muy superiores a los estimados, sumados a unos niveles de tráfico muy por debajo de las previsiones, les llevaron a partir de 2011 a declararse en concurso de acreedores.
En esta situación de insolvencia, las inversiones en las autopistas se han resentido durante todos estos años, según señalan fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos. Es por ello que ahora, cuando el tráfico además está repuntando, sea necesario acometer mejoras en las carreteras ,que afectan al firme, la señalización, los túneles o los peajes, entre otras. El desembolso se estima en 250 millones para los próximos dos o tres años.
La explotación de las vías podría proporcionar hasta 70 millones anuales, dependiendo del tráfico
Este importe representa una cuarta parte de los 1.000 millones, como máximo, que el exministro Íñigo de la Serna había estimado obtener por la relicitación de las nueve autopistas. No obstante, Fomento considera que esa inversión podrá ser financiada por la explotación de las vías, que en función de del tráfico podría generar 70 millones anuales.
Con la relicitación, con 25 años de concesión, Fomento pretendía compensar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que deberá fijar en enero y que se estima en 2.000 millones. Sin embargo, Ábalos se topó a su llegada con que ese proceso choca con la nueva ley de Contratos del Sector Público, que limita el plazo a cinco años si no hay inversión que amortizar, y con el Decreto Ley de Desindexación de la Economía, que establece una retribución del bono del Tesoro más 200 puntos básicos, lo que implica que para que resulte atractivo al sector privado el plazo tendría que ser de 15-16 años.
De la Serna preveía relicitar las autopistas antes de final de 2018 y así poder amortiguar el impacto del rescate en el déficit público de este año. Ábalos ha suspendido el proceso hasta 2019 y ante el escaso interés que las nuevas condiciones suscitan entre los inversores ha abierto la puerta incluso a cancelarlo.
