Aunque el Gobierno trabaja para construir una mayoría de apoyos a su proyecto presupuestario para 2019, se guarda un plan B: en caso de no prosperar el Presupuesto, explican a elEconomista fuentes próximas a Moncloa, se contempla aprobar una batería de medidas a través de una ley ómnibus de forma que pueda mantener su hoja de ruta económica y elevar los ingresos para financiar el mayor gasto.
En este sentido apuntan las declaraciones de este lunes de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien -en los desayunos de Europa Press- manifestó que el Gobierno tiene un plan B para aprobar una batería de medidas si no salen adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019. "En la vida siempre hay que tener un plan A y un plan B, estamos apostando claramente por el A, pero que nadie piense que si se frustra el plan A, el B se va a quedar en un cajón", afirmó Valerio, para defender que hay derechos que deben ser garantizados.
El Ejecutivo socialista busca con su plan B mantener el compromiso con su agenda social y cumplir con Bruselas para lo que necesita activar subidas fiscales que apuntalen la recaudación. En octubre ya impulsó -fuera de Presupuestos, puesto que estos no pueden crear tributos- la tasa digital, el gravamen a las transacciones financieras y un paquete antifraude con un horizonte recaudatorio cercano a los 3.000 millones. Una decisión encaminada, además, a convencer a la Comisión de la disciplina fiscal pese al aumento de los gastos.
Pero el proyecto presupuestario pactado con Podemos incluye más alzas impositivas, como una subida del tipo efectivo de Sociedades o el alza del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, entre otras, que se quedarían inactivas de no prosperar los Presupuestos para 2019, escenario más que probable a tenor del posicionamiento actual de la oposición. La falta de un plan B impediría al Gobierno implantar su política económica.
Un marco legal por desarrollar
Lo que aún no está definido, explican las mismas fuentes, es qué medidas se plasmarían finalmente en ese marco legal, ya que se apuesta todavía por granjearse finalmente apoyos suficientes a los Presupuestos. En cualquier caso, sería la vía elegida para un eventual fracaso del proyecto presupuestario, bajo la asunción de que el decreto ómnibus sí podría recabar apoyos suficientes aunque el bloque presupuestario no.
Se trataría de una ley heterogénea, un marco normativo que incluiría medidas de diferentes ámbitos que posteriormente tienen su desarrollo final en otros cuerpos legales. Es un recurso que se ha usado a menudo, y el ejemplo más reciente es el del Real Decreto Ómnibus que traspone tres Directivas europeas en materia financiera, adoptado el pasado viernes en Consejo de Ministros.
Fuentes de la oposición discuten la idoneidad de esta figura y explican a elEconomista que hay trabas jurídicas para que las alzas fiscales pudieran incluirse en ese marco normativo, algo que desde fuentes próximas a los departamentos económicos del Gobierno se reconoce que se estudia por parte de los expertos jurídicos.
La nueva senda fiscal
El acuerdo presupuestario del Gobierno y Podemos sube el gasto en 6.500 millones, compensados en parte por unos ingresos 5.500 millones superiores. Con ello, el Gabinete económico prevé amarrar un déficit del 1,8% el año que viene, cinco décimas superior a la senda que diseñó el PP, del 1,3%. Numerosos organismos han afeado al Gobierno los cálculos, desde la patronal CEOE a la Comisión Europea, indicando que yerra tanto en la previsión de gastos como en la de ingresos, algo que hace para el Ejecutivo aún más necesario demostrar su capacidad de embridar las cuentas con una agenda social más amplia que también pretende implantar fuera del Presupuesto.
