Tras estudiar el borrador de Presupuestos del Gobierno, la Comisión Europea concluye que el déficit público español llegará en 2019 al 2,1%. Es una cifra que respeta el límite del 3% del Pacto de Estabilidad, pero esconde graves problemas.
Unos números rojos así no solo implican que el Gobierno incumplirá la única meta de déficit que cuenta con la aprobación del Congreso (el 1,3%). También queda en la cuneta el margen más amplio, hasta el 1,8 por ciento, que el Ejecutivo quiere concederse.
El problema estriba en que Moncloa presenta como único recurso para llegar a ese tope las múltiples subidas de impuestos que preparó para las nuevas Cuentas. Ahora bien, esas alzas fiscales carecen de toda credibilidad; en primer lugar, en lo que respecta a sus perspectivas de recaudación (así lo dice la UE), pero sobre todo en cuanto a la posibilidad misma de implantarlas. El Gobierno admite que será imposible presentar el proyecto de Presupuestos este año y no está claro que pueda hacerlo más adelante.
Con todo, pese a la imposibilidad de elevar sus ingresos, el Ejecutivo se empecina en recurrir a los decretos para sacar adelante medidas como la revalorización de las pensiones según el IPC, o el alza del salario mínimo, que en nada contribuyen a controlar el déficit.
Al contrario, elevan el gasto e incluso impiden la creación de cerca de 70.000 nuevos empleos, como la Comisión remarca. El informe de la UE, por tanto, debe verse como una seria advertencia sobre el derrotero hacia el que se conduce a la economía española. Esta vía implicará resucitar viejos problemas, el desequilibrio del sector público y el enfriamiento del mercado laboral, si el Ejecutivo sigue negándose a hacer ningún ajuste de gasto.
