Fatta la legge trovato l'inganno. Este conocido refrán italiano (Hecha la ley, hecha la trampa) bien representa la actitud con la que Roma ha mirado a los reglamentos europeos durante las últimas dos décadas. El problema, de hecho, no es solo del flamante Gobierno populista que a día de hoy quiere utilizar su pulso con Bruselas por razones electorales. Todos los Ejecutivos anteriores (tanto de centroderecha como de centroizquierda) han protagonizado de una manera u otra largas negociaciones con la Comisión Europea en la que intentaron utilizar artimañas y promesas imposibles de llevar a cabo.
El historial transalpino de negociaciones y derogaciones en lo que compete a las normas comunitarias empieza junto al nacimiento de la moneda única. Italia y Bélgica, según las normas del Tratado de Maastricht no habrían podido entrar en el euro por tener una deuda por encima del 60% del Producto Interior Bruto (PIB).
Con una derogación, además de una seria de medidas de austeridad introducidas a finales de los años noventa, el país transalpino consiguió arreglar su situación en cuanto a presupuestos se refiere y entrar en el club europeo.
Italia, sin embargo, no tardó mucho en utilizar artimañas para saltarse las reglas.
Medidas excepcionales
Con el ingreso de la moneda única Italia acelera el proceso de privatizaciones y ventas de inmuebles con tal de mejorar su endeudamiento. Al mismo tiempo, sin embargo, la necesidad de recursos para cuadrar las cuentas lleva a aprobar otras medidas excepcionales, empezando por amnistías fiscales y urbanísticas que suponen un alivio inmediato para las arcas públicas pero no ofrecen ninguna certeza para el futuro.
En enero de 2003 el español Pedro Solbes, comisario europeo de Asuntos Monetarios en la Comisión Europea, critica las medidas recién aprobadas por el Gobierno de Silvio Berlusconi. Según Solbes, el riesgo de que Italia no alcanzara los objetivos presupuestarios era "alto porque el ajuste se basa en gran cierta medida en propuestas excepcionales para 2003, mientras el plan no detalla medidas adicionales que se suponen necesarias a partir de 2004".
En un artículo publicado por los economistas Tito Boeri (que ahora es presidente de la Seguridad Social transalpina) y Giuseppe Pisauro (actualmente presidente de la Oficina presupuestaria del Parlamento) denuncian un "plan presupuestario corto de miras, que mejora las finanzas públicas a corto plazo a costa de empeoramientos a largo plazo".
En el año 2006, el Gobierno de Romano Prodi, que se mantuvo tan solo dos años al frente, consigue mejorar la situación presupuestaria y reducir el déficit. En 2008, sin embargo, Berlusconi vuelve a ser presidente del Gobierno y se enfrenta a una dura crisis económica: el déficit, que era del 1,5% en 2007, sube hasta el 2,7% en 2008 y llega al 5,3% en 2009.
Cláusulas de salvaguardia
Hace falta el Gobierno tecnócrata de Mario Monti para enderezar la política presupuestaria en los raíles de los pactos europeos: el déficit de 2011 (3,7%) baja en 2012 hasta el 2,9%. Sin embargo, antes de la dimisión del Gobierno de Berlusconi deja una herencia incómoda a su sucesor: en el verano de 2011 bajo la presión de una prima de riesgo creciente, el Ejecutivo italiano introdujo una cláusula de salvaguardia de 20.000 millones de euros.
Este tipo de cláusulas son una especie de letra de cambio que posterga el problema de año en año, obligando al Gobierno sucesivo a una subida de impuestos (o a nuevos recortes) en caso de que el Ejecutivo anterior no hubiera obtenido los ingresos previstos a través de otras medidas.
Estas cláusulas, sin embargo, suponen nuevos problemas cada año en la escritura de la ley presupuestaria. La costumbre de las cláusulas de salvaguardia no termina con Silvio Berlusconi. Los tecnócratas de Mario Monti consiguen desactivar solo en parte las cláusulas del Gobierno anterior y dejan una pendencia al Ejecutivo de amplia coalición de Enrico Letta, que toma posesión en 2013. Desde allí, la sucesión de estas cláusulas sigue hasta hoy.
Derogaciones
El Gobierno de Matteo Renzi, que sustituye a su compañero de partido Enrico Letta en 2014, vuelve a jugar a dos bandas. Confirma su confianza en la Unión Europea, pero al mismo tiempo prepara todo tipo de artimañas para ajustar los presupuestos. La especialidad de Renzi son las derogaciones: tras tres años en el Gobierno, en 2017, el primer ministro de orientación progresista ya había obtenido 20.000 millones de flexibilidad presupuestaria, motivándolos entre otras cosas con gastos extraordinarios de seguridad, debido a los atentados que se produjeron en otros países europeos; la acogida a los refugiados, que escapaban de Siria y otros que provenían de países donde los Derechos Humanos están en entredicho; la necesidad de hacer frente a la reconstrucción tras los terremotos ocurridos; las nuevas inversiones para estimular la economía italiana.
Renzi también prometió un ambicioso plan de privatizaciones. Sin embargo, en 2016 su Gobierno, antes de dimitir, revisó a la baja el objetivo: 1.600 millones en lugar de los 8.000 millones anunciados.
Ahora la historia se repite: en su última carta a la UE, el Ministerio de Economía no solo pide flexibilidad para los gastos "extraordinarios" del mantenimiento de carreteras (unos 1.000 millones, que sin embargo podrían aumentar hasta 5.000 millones tras los daños ocasionados por las recientes inundaciones), sino que se compromete a vender hasta 2021 unos 18.000 millones de activos públicos para reducir la deuda. En concreto, el Ejecutivo italiano promete recortar la deuda 0,3 puntos este año, 1,7 puntos en 2019, en 1,9 puntos en 2020, y en 1,4 puntos en 2021. Un objetivo que ningún Gobierno italiano hasta ahora ha conseguido: las privatizaciones, destacó recientemente el Tribunal de Cuentas transalpino, pueden contribuir a la reducción de la deuda pública, pero "es difícil que su aportación sea determinante en el corto y medio plazo".
