La decisión del Ejecutivo de modificar la ley fiscal para acabar con la ambigüedad de la actual y aclarar que, a partir del próximo viernes, será el banco el que asuma el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) abre la puerta a que la nueva ley hipotecaria que se tramita en el Congreso precise por primera vez de forma clara a quien corresponde afrontar cada uno de los impuestos y gastos que conlleva la firma del contrato.
Tras la controversia creada estas últimas tres semanas por el Tribunal Supremo, los distintos grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo en clarificar a quién corresponde cada gasto con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica para todos los actores: bancos, entidades y Administración (recaudadora de los impuestos).
Sin embargo, los representantes políticos retrasaron la ponencia para votar el texto, que se iba a celebrar el pasado día 6, al próximo día 13, a la espera de conocer la nueva posición del Supremo que se conoció el martes. El anuncio del Gobierno, sin embargo, da un nuevo giro y primará para la elaboración de la normativa.
Tras superar la fase de ponencia, deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso, para pasar después por el Senado
No obstante, a pesar del objetivo de fijar en la nueva regulación quién paga qué, aún está por dilucidar si, en determinados casos, se detallará cuánto paga quién. Es decir, en la actual ley (y desde 2017) los pagos de gestoría y notaría se comparten entre el banco y el cliente, una línea que pretendía consensuar esta nueva normativa al dejar a elección de las partes a quién corresponde asumirlos, pero con la obligación de indicar en el contrato quién se hace cargo, según informaron en su día fuentes del Ministerio de Economía. El asunto se mantiene ahora en fase de negociación en el Congreso de los Diputados.
Concretamente los gastos y tributos de una hipoteca son la tasación de la vivienda, la tasación de la nota simple, los gastos de notaría, gestoría, registro de la propiedad, IVA, IAJD, impuesto de transmisiones patrimoniales y comisión de apertura.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, se mostró confiada en que se apruebe la nueva ley hipotecaria con la mayor brevedad posible, según indicó durante su intervención en la XI Conferencia Internacional de Banca celebrada en la Ciudad Financiera del Santander. Sin embargo, la normativa, una vez supere la fase de ponencia, deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso, para pasar después por el Senado, un proceso que si fluye con normalidad y carece de enmiendas en las últimas fases, se extenderá a después de la Navidad.
