Finalmente, el Impuesto de Transacciones Financieras no tendrá ningún tipo de limitación espacial o frontera geográfica. Si se aprueba y supera los correspondientes trámites parlamentarios, gravará toda operación de compraventa de acciones de una compañía española que se realice en cualquier mercado del mundo, siempre y cuando se trate de una sociedad con un a capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros a 1 de diciembre del año anterior a la adquisición.
Así lo confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, tras poner en audiencia pública el anteproyecto de ley que se someterá al dictamen del Congreso y el Senado en las próximas semanas. En él se matiza que el propio departamento publicará una relación de las empresas cuyas acciones serán sometidas al gravamen antes del 31 de diciembre de cada año.
El documento también recoge las exenciones que habrá a este impuesto, entre las que se encuentran las adquisiciones derivadas de una oferta pública de venta de acciones. Además, recuerda que el gravamen también afecta a los certificados de depósito representativos de los valores anteriormente citadas. Además, indica que el tributo también se aplicará en las operaciones de compra y venta que sean gestionadas por brokers o agentes de bolsa. En este sentido, el documento precisa que "el sujeto pasivo será, con carácter general, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, ya actúe en nombre o por cuenta propia de terceros".
El impuesto de Transferencias Financieras exigirá el tipo impositivo del 0,2%. El Gobierno, tal y como reitera la memoria del proyecto, espera obtener con él una recaudación de 850 millones. En cambio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió la semana pasada de que esta cifra podría no cumplirse y quedarse en poco menos de la mitad, unos 820 millones.
