El 18 de octubre fue un jueves negro para el Gobierno italiano. Mientras en Roma el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, entregaba al ministro de Economía, Giovanni Tria, una carta para pedir aclaraciones sobre la "desviación sin antecedentes" de los Presupuestos, en Bruselas el primer ministro Giuseppe Conte comprobaba el aislamiento del Ejecutivo transalpino.
Acorralado por sus socios en el Consejo europeo, mientras sus dos vicepresidentes (Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, y Matteo Salvini, de la Liga) protagonizaban el enésimo pulso, esta vez sobre la amnistía fiscal, Conte amenazó con dimitir. Esta semana no va a ser mejor: Italia tendrá que contestar a la Comisión antes del mediodía del lunes. Si la respuesta no resultará persuasiva, Bruselas, por primera vez en la historia, tumbará los Presupuestos de un país miembro.
Sin embargo el peligro más temido por el Ejecutivo populista transalpino no es el suspenso de Europa, sino que sus medidas electoralistas no tengan los resultados prometidos. La apuesta del Gobierno es que en 2019 el crecimiento llegue al 1,5 por ciento, con un deficit del 2,4 por ciento, mientras todas las previsiones indican un progreso del PIB del 1,1 por ciento.
La medida más problemática es la nueva renta de ciudadanía. La promesa estrella del M5E durante la última campaña electoral es de hecho un subsidio de 780 euros para las personas en busca activa de empleo. Sin embargo los beneficiarios de la renta no podrán rechazar más de tres propuestas de trabajo avanzadas por el sistema nacional de empleo. Analistas y medios italianos destacan que este sistema es ineficiente y que su reforma no se podrá llevar a cabo en pocos meses como asegura en vez el Gobierno.
El recorte de impuestos fue pensado para estimular el consumo, las inversiones y la economía. A la introducción de un "impuesto plano" del 15 por ciento para los autónomos con un volumen de negocio hasta los 65.000 euros -primer paso para la reducción de la carga tributaria para todos los contribuyentes, según el Gobierno- se destinarán, en 2019, 600 millones. Según los cálculos del diario economico Il Sole 24 Ore, la ley presupuestaria prevé, sin embargo, para empresas y bancos nuevos impuestos por 6.400 millones, que recaudará eliminando algunas ventajas fiscales aprobadas por los Gobiernos anteriores.
El Ejecutivo populista promete también bajar la edad de jubilación, revirtiendo parte de la reforma de pensiones del Gobierno tecnócrata de Mario Monti, en 2011. Uno de los objetivos del titular de Trabajo, Di Maio, es aumentar el empleo juvenil, favoreciendo el relevo generacional. Tito Boeri presidente del INPS, la Seguridad Social transalpina, indica que cualquier beneficio será anulado por la deuda que las nuevas generaciones tendrán que pagar: unos 140.000 millones de déficit que el sistema de pensione acumulará en los próximos 10 años. Incluso la amnistía fiscal, que busca recursos frescos para financiar todas las medidas electoralistas, promete tener un efecto boome-rang. Según el diario italiano La Re-pubblica, el anuncio del indulto fiscal ya habría inducido a numerosos contribuyentes a suspender el pago de los impuestos a la espera de la amnistía, con una menor recaudación para las arcas públicas de más de 3.000 millones de euros.
