La paralización en el Congreso de al menos dos vías para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y suprimir el veto del Senado a la senda fiscal del Gobierno ha llevado, a que, poco a poco, tanto el Ejecutivo como su propio socio parlamentario, Podemos, hayan asumido que tendrán que diseñar unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 con el límite de déficit del 1,3% del PIB que aprobara el Partido Popular, cuando la pretensión era la de elaborarlos con un techo del 1,8%. Sin embargo, no queda del todo claro cómo se va a aplicar este escenario, más allá de un incremento de los ingresos a través de los impuestos.
Fuentes gubernamentales ratifican a elEconomista este cambio de postura. "La prioridad es presentar los Presupuestos en noviembre", indican, y reconocen que si hay que emplear el déficit popular para diseñarlos, así se hará. Respetar este plazo no sería posible si hubiera que esperar a la reforma de la Ley de Estabilidad, puesto que no estará ejecutada, al menos, hasta mediados del próximo año.
Con todo, el Ejecutivo asume que 2019 empezará con prórroga presupuestaria y vaticina que las nuevas Cuentas Públicas no podrán estar aprobadas, al menos, hasta marzo o abril. Por otro lado, respecto al sacrifico que supone asumir la senda fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y renunciar a cinco décimas de déficit, se considera que el Estado es perfectamente capaz de soportar la pérdida de capacidad de endeudamiento que supondría, de una décima. En cambio, avisan de que el drama se puede dar entre las comunidades autónomas y la Seguridad Social, que perderán las cuatro décimas restantes, unos 5.000 millones en total.
En cualquier caso, el compromiso de unos Presupuestos expansivos se mantiene, aunque aún no se ha aclarado cómo se ejecutarán. Fuentes de Hacienda solo precisan que la reducción del déficit se compensará a través de impuestos.
De esta manera, el peso de los Presupuestos de 2019 recaerá sobre la estrategia fiscal -hasta ahora cambiante- que ha venido planteando el Gobierno, jalonada tanto de nuevos tributos -como el de las transferencias financieras, con una recaudación esperada de más de 1.000 millones- como del incremento de impuestos como el de Sociedades para grandes corporaciones, estrategia con la que se pretende lograr una mejora presupuestaria de 4.000 millones.
De hecho, un incremento de los ingresos que sustente un mayor gasto público es clave para que Podemos apoye unas Cuentas Públicas limitadas por el 1,3% de déficit. Así lo reconoció Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. "Si el Gobierno es capaz de encontrar acomodo a nuestras medidas sociales, podremos votar a favor de sus Presupuestos", indicó, reconociendo que la formación está "abierta al cambio" a la senda del PP.
Pero esto no significa que el respaldo de Podemos sea gratuito. Tiene un precio que la formación ha delimitado en varias medidas en el campo del alquiler de viviendas, de la factura eléctrica, de la revalorización de pensiones, del IVA y de los autónomos. La idea es que un posible acuerdo esté cerrado antes del 15 de octubre, que es cuando el Ejecutivo tendrá que enviar el borrador de Presupuestos a la Comisión Europea.
Recuperar 6.000 millones
El Grupo Socialista no cejará en su empeño de recuperar los 6.000 millones de euros más que permitía su senda fiscal, destinados a mayor gasto social en Sanidad, Educación, pensiones y obra pública. Con ese motivo, su portavoz, Adriana Lastra, solicitó la "reconsideración" de la Mesa del Congreso con el objeto de que ésta no tramite el rechazo a la enmienda que afecta al veto del Senado. Sin embargo, conscientes de la dificultad de revertir esta situación, Lastra admitió abiertamente que el Gobierno presentará sus propios Presupuestos Generales en el mes de noviembre, dado lo avanzado de las negociaciones con Podemos.
Entre tanto, la situación pasa por trabajar en las Cuentas Públicas de 2019 con la senda fiscal de 1,3% popular y, al tiempo, esperar a que los recursos prosperen y les den la razón al Grupo Socialista y Unidos Podemos. No obstante, el PSOE no se atreve a hablar de recursos ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido, solo admite esta actuación Unidos Podemos.
Fuentes socialistas consultadas por elEconomista sostienen que, en principio, su partido no quería embarcarse en la senda fiscal del 1,8%, pero, presionados por el apoyo de Podemos en los Presupuestos, cedió llegando a introducir la enmienda del veto al Senado en la ley orgánica a la Ley de Violencia de Género.
