Economía

El PP irá al Constitucional si no logra frenar en el Congreso el cambio a la ley de estabilidad

  • El cambio del Gobierno busca saltarse el veto del Senado para los PGE
  • El PP activa todos los mecanismos para evitar que prospere la enmienda
  • El TC sentenció que la enmienda en el Senado tiene que tener relación
Pablo Casado. Foto: Efe

El PP no admite el atajo del Gobierno y tratará de frenar el cambio que pretende hacer en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eludir el veto del Senado al techo de gasto a través de una enmienda a un proyecto de ley relacionado con la violencia de género. Lo intentará primero desde la Mesa del Congreso y si no lo consiguiera, el primer partido de la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la estrategia del Ejecutivo.

El primer paso del PP será pedir amparo a la Mesa del Congreso en función del artículo 31.4 para intentar que no se llegue a votar la enmienda del proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género, a través de la que el Gobierno quiere acabar con el veto del Senado a la senda de déficit.

Si esa opción no surte el efecto buscado y sigue su tramitación, entonces recurrirá al Tribunal Constitucional para evitar este "filibusterismo parlamentario" que Sánchez ve como "perfectamente legal".

El Constitucional marcó que las enmiendas tienen que estar relacionadas con la ley en las que se incluye

Este debate no es nuevo del todo. El Constitucional ya alberga sentencias que censuran la introducción de enmiendas en el Senado que persiguen la reforma de leyes que nada tienen que ver con el contenido del texto enmendado, como, recalcan se produce en este caso. De hecho, en 2003, fue el PSOE quien recurrió al TC por una situación similar pero entonces realizada por el PP en el Senado. La sentencia del tribunal (publicada en 2011) marcó que las iniciativas de ley tienen que tener conexión con las enmiendas presentadas en la Cámara Alta.

El Gobierno de Aznar utilizó un camino en el Senado -que ahora el PSOE usa en el Congreso- para llevar al Senado una reforma del Código Penal que tipificara la convocatoria de referéndums a través de una enmienda en la Cámara Alta a la Ley de Arbitraje.

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