
El Gobierno alemán anunció hoy una "ofensiva" para atajar el repunte de los precios del alquiler que incluye ayudas a la compra de la primera residencia, la construcción de más vivienda social y un plan para aumentar la oferta de suelo, que aspira a levantar 1,5 millones de viviendas.
La canciller alemana, Angela Merkel, encabezó la denominada "cumbre de la vivienda" en la que presentó esta iniciativa, un encuentro de un centenar de representantes de la administración y el sector privado, que pone de nuevo en agenda uno de los principales problemas del país y deja atrás los últimos rifirafes dentro de la coalición.
"La vivienda es una importante cuestión social que afecta a todos y que daña la cohesión social", aseguró en rueda de prensa la canciller, que reconoció que el fuerte repunte que han experimentado los alquileres en los últimos años -especialmente en las grandes ciudades- está erosionando ya el "bienestar social".
La sólida evolución de la economía alemana, la fuerte creación de empleo y los tipos de interés en mínimos históricos han espoleado un mercado tradicionalmente adormecido en el que sólo un 45% de la población tiene vivienda en propiedad, la cuota más baja de la UE, según datos de la Oficina Federal de Estadística.
Los alquileres suben
Sólo en el primer trimestre de este año los arrendamientos repuntaron un promedio del 5,3% en términos interanuales, mientras que la inflación interanual se mantuvo en torno al 2,0%. Según el instituto Empirica, entre 2012 y 2016 los alquileres se incrementaron de media un 15%, pero en ciudades como Berlín los incrementos llegaron al 28%.
Merkel indicó que este "plan de trabajo" refleja el "poderoso esfuerzo" que quiere poner en marcha el Gobierno en esta legislatura y que espera que suponga una "notable contribución" al enfriamiento del mercado inmobiliario.
El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, consideró "absolutamente necesario" aumentar el parque de viviendas y "asegurarse de que sean asequibles". "Necesitamos más casas, más casas asequibles", subrayó.
Entre las medidas contenidas en el plan destacan los 5.000 millones de euros que en esta legislatura el Gobierno piensa dedicar a la construcción de nueva vivienda social, una modalidad muy habitual hace décadas en Alemania, pero cuyos números han caído en picado en los últimos 20 años.
"Con los medios de los estados federados y los municipios podemos lograr más de 100.000 viviendas sociales extra" hasta 2021, apunta la hoja de ruta de Berlín.
También se ha reservado una partida de 2.700 millones de euros para el "Baukindergeld", una nueva ayuda de 1.200 euros anuales durante una década a las familias con al menos un hijo menor de edad para la compra de su primera residencia.
El Gobierno alemán ha llegado asimismo a un acuerdo con otros niveles administrativos para sacar al mercado más terreno edificable y simplificar los trámites para la construcción de más vivienda, además de prometer incentivos a los promotores.
El ministro de Interior y Vivienda, Horst Seehofer, consideró que el encuentro sirvió para alinear a los actores involucrados en la cuestión inmobiliaria y agregó que la ley de inmigración que prepara Berlín puede asimismo contribuir a que lleguen del extranjero trabajadores especializados para el sector de la construcción.
El alcalde-gobernador de la ciudad-estado de Berlín, Michael Müller, agregó que todas estas medidas tendrán un efecto a largo plazo y que, mientras tanto, es preciso mejorar algunas medidas ya vigentes, como la legislación para regular los alquileres.
Berlín es una de las ciudades alemanas que sufre un mayor repunte en la vivienda por una combinación de factores que van de la transformación derivada de su capitalidad a la escasa tasa de vivienda en propiedad -legado de la República Democrática Alemania-, pasando por su refundación como polo de inmigración cualificada y la escasez de terreno edificable.
Durante la reunión, cerca de 2.000 personas se manifestaron en los alrededores de Cancillería para exigir alquileres asumibles y una acción decidida del Gobierno alemán en este ámbito con el apoyo de partidos de la oposición como La Izquierda y asociaciones de inquilinos.