El Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Socialista están cada vez más cerca de tener sus primeros Presupuestos, los de 2019 -con una senda fiscal ampliada al 2,7%-, a tenor de la argucia legal que acometieron el pasado martes por la noche con la ayuda de Unidos Podemos, cuando nadie se esperaba que a través de la reforma de una Ley Orgánica que afecta a la formación de los jueces en materia de violencia de género, introdujeran una enmienda que alcanza a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y elimina de facto el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
La argucia legal, la artimaña, la maniobra, el filibusterismo, el madurazo (eliminar parlamentos a conveniencia), la redondada (en alusión a las políticas de Iván Redondo, asesor áulico de Sánchez) y cuantos términos pudieron oírse en el Congreso, provocaron la reacción de PP y Ciudadanos, decididos a emprender una ofensiva parlamentaria que irá desde la consulta a la Comisión de Justicia -de "carácter soberano", recuerda el PSOE-, consulta a los letrados, recursos de amparo a la Mesa y, en última instancia al Tribunal Constitucional, vía amparo, vía recurso.
A las puertas de elecciones
En la bancada socialista están tranquilos. Tiran de jurisprudencia -el PP también-. Reconocen que prácticas como éstas -aprovechar la tramitación de una ley para introducir una enmienda- son habituales en el parlamentarismo español. Tanto es su optimismo, que están convencidos de que el trámite de esta enmienda será muy corto. Prevén que primero pasará por la evaluación de la Comisión de Justicia, donde el PSOE tiene suficientes apoyos para que salga adelante; a continuación se votará en el pleno si la Mesa lo ve correcto, y con una previsión de tres semanas, alrededor de 20 días, la enmienda podría llegar al Senado, donde el PP ya no tendría el poder de actuación del que goza hasta la fecha, a no ser que las actuaciones de la oposición surtan efecto y logren frenar en seco la tramitación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que da paso a la de los Presupuestos Generales.
El Grupo Socialista confía en que, superado este procedimiento, el Gobierno podría arrancar la tramitación de los nuevos Presupuestos en el mes de noviembre, a más tardar diciembre, y por tanto, en dos meses, contando la fecha de publicación en el BOE, contaría con las primeras cuentas públicas de la era Sánchez; es decir, a más tardar, a finales de invierno o principio de primavera, coincidiendo casi con las elecciones municipales, autonómicas y europeas.
En estas cábalas, con más teatralidad que predicamento, el portavoz de ERC, Joan Tardá, indicó desde que su formación no apoyará los Presupuestos si el Gobierno no insta a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión que recae en acusación, de momento, sobre los presos políticos que desencadenaron los hechos del 1 de octubre.
"Por la cohesión social"
Pero a Sánchez no parecen preocuparle estas amenazas. Las interpreta en el terreno del debate político. Entre sus argumentos prevalece que, todo aquel que no apoye la idea de derogar el veto del Senado, e impedir que la senda fiscal solo tenga el beneplácito del Congreso, como establece la ley, "no es un demócrata", le reprochó a Pablo Casado.
El presidente del actual Ejecutivo defiende tener unos Presupuestos con 6.000 millones de euros más, "suficiente para reconstruir nuestro Estado de bienestar y continuar garantizando esa cohesión social que necesita nuestro país", dijo en los pasillos.
Los populares asumieron ayer la escaramuza del PSOE. Entre confusión y reacción, admitieron que será difícil que el Gobierno no saque adelante su propósito, pues los trámites "son muy lentos", señalaba una fuente del PP a elEconomista. Tanto PP como Ciudadanos han pedido a Sánchez que adelante ya las elecciones generales.
La senda
El objetivo del Gobierno, así lo pactó con Podemos, es presentar los objetivos de déficit actualizados con la nueva Ley de Estabilidad. Por tanto, hasta entonces Hacienda no presentaría las nuevas cifras con las que se elaborarían los Presupuestos. La nueva senda tiene que ser votada en el Congreso, una vez aprobada, remitida al Senado donde se augura un rechazo, y regresar a la Cámara Baja para la aprobación definitiva. Sumado así todo este plazo se prorrogaría hasta diciembre o enero la presentación de los PGE por parte del Gobierno. El Ejecutivo ya asume diciembre cuando hasta ahora el calendario que manejaba era noviembre.
Desde el PSOE recuerdan que el último gobierno de Mariano Rajoy no presentó las cuentas públicas para 2018 hasta el 3 de abril y se aprobaron definitivamente el 28 de junio, después de aprobar en el Congreso las enmiendas introducidas en el Senado.
Del lado del Gobierno, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera "completamente legítimo" que el PSOE haya utilizado una proposición de ley del pacto contra la violencia machista para añadir una enmienda que busca sortear el bloqueo del PP en el Senado a la senda del déficit, algo que ve como "una anomalía democrática".
Cs denuncia una actuación por la puerta de atrás
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó ayer que su grupo parlamentario frenará en el Congreso la "triquiñuela" con la que el PSOE busca sortear el veto del Senado a la nueva senda de déficit y de deuda y, por tanto, proponer unos nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Rivera calificó de "fraude de ley, escándalo y atropello" que el PSOE haya incluido una enmienda en una proposición de ley sobre violencia machista para buscar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y así acabar con el veto irreversible del Senado a la senda de déficit.
"Sánchez no tiene escrúpulos", denunció, tras censurar que el Gobierno socialista haya introducido "una enmienda inconstitucional por la puerta de atrás" utilizando para ello "una causa tan importante, sensible y transversal" como la violencia de género, con el fin de "cargarse de un plumazo a una de las Cámaras".
Rivera pidió al PSOE que "si le queda un poquito de dignidad, retire la enmienda" y que Sánchez "no avergüence más a las instituciones" y deje de "perjudicar su credibilidad". "Los procedimientos se respetan", subrayaba. Ante la falta de respuesta del PSOE, Ciudadanos presentó ayer un escrito a la Mesa de la Comisión de Justicia para que inadmita la enmienda. En este escrito, el portavoz de Cs en la comisión y vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes, argumenta que la proposición de ley sobre medidas urgentes del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, "nada tiene que ver con la materia que el grupo socialista pretende modificar" a través de su enmienda, que además "contraviene la doctrina constitucional".
Según destacó Rivera, el Constitucional (TC) ha determinado "en 14 ocasiones" que "hacer lo que quiere hacer Sánchez es inconstitucional", y el propio PSOE acudió en el pasado al alto tribunal cuando el PP actuó de manera similar. Concretamente, el escrito presentado por Cs en la Comisión de Justicia cita los argumentos del TC sobre la conexidad y homogeneidad que debe haber entre las enmiendas registradas y el texto enmendado.
Casado, convencido de frenar la argucia de Moncloa
El Partido Popular está convencido de que existen fórmulas legales y parlamentarias suficientes como para echar bajo tierra la argucia inventada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el objeto de sortear el rigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y colar por la puerta de atrás la derogación del veto al que tiene derecho la mayoría de la cámara territorial del Senado, en la que el grupo que representa Pablo Casado cuenta con mayoría.
De inmediato, los populares emprenderán varias acciones contra este fraude de ley, pasando por la mesa de la Comisión de Justicia, la Mesa del Congreso para que no dé paso al pleno de la cámara, y el Tribunal Constitucional si los recursos legislativos no prosperan.
Ayer, el secretario del Partido Popular, Teodoro García Egea, acusaba al presidente del Gobierno de "mantenerse atornillado en el sillón pasando por encima de las leyes" después de que el PSOE utilizara una proposición de ley del pacto contra la violencia machista para añadir una enmienda.
García Egea, animado con la jurisprudencia que hay a estos efectos y que podría dar la razón al PP, ve "muy feo" que el Gobierno haya utilizado una proposición de ley de medidas contra la violencia machista para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
Desde Austria, Casado dijo ayer que se va a evitar esta maniobra porque es inconstitucional. En seis veces el Tribunal Constitucional ha dicho que este tipo de maniobras son argucias jurídicas y en este caso hay un filibusterismo claro para sortear al Senado", afirmaba, para añadir que la actuación del PSOE "no tiene encaje" en el ordenamiento jurídico.
El presidente del PP recalcó que "en ningún caso" se puede admitir que "se tumbe la soberanía nacional" que está representada por el Senado y "en una cuestión tan territorial" como el techo de gasto que afecta a las administraciones autonómicas.
Por eso, dijo que el PP denunciará el "autoritarismo de un Gobierno que le da igual la ley, las instituciones y el parlamentarismo bicameral porque solo quiere permanecer en la Moncloa un mes más. Y no va a ser ni mucho menos con nuestra inacción", concluyó.
El Partido Popular esgrime a su favor varias sentencias emitidas entre 2011 y 2015, contra la enmienda incluida por el Gobierno en una ley sobre violencia de género destinada a modificar la Ley de Estabilidad y suprimir así el veto que tiene el PP en el Senado.
Abascal: "Es un ataque frontal a la democracia"
La formación Vox también se opone a la nueva estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado en lo que queda de año . "Es gravísimo que el gobierno pacte con Podemos un decreto que modifica leyes orgánicas para evitar el control del Senado en el trámite presupuestario. Es un ataque frontal a la democracia", indica a elEconomista Santiago Abascal, presidente de la formación.
Además, el líder de Vox teme el efecto que pueda tener en la gestión económica del Ejecutivo su alianza parlamentaria con podemos y su líder, Pablo Iglesias. "Es muy preocupante la intervención en el Gobierno del podemismo chavista, que actúa en plena connivencia parlamentaria con el golpismo separatista", denunció, refiriéndose a otros apoyos de Sánchez en la Cámara Baja, como PDeCAT o ERC. "Con esa suma de fuerzas, no puede extrañarnos que disminuya la calidad democrática y el control parlamentario. Es gente muy peligrosa".
El presidente de Vox ve con preocupación esta situación, que suma a otras que están sucediendo desde que Pedro Sánchez es presiden del Ejecutivo. "Estamos ante un Gobierno que pretende remover odios profanando sepulturas, que perpetúa el pillaje fiscal que arruina a las clases medias, que hace el ridículo en Europa con bofetadas judiciales permanentes de nuestros aliados, y que sólo parece preocupado en aumentar el tráfico de inmigrantes, como desea George Soros".
"Todos los instrumentos"
Por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer que el Gobierno utilice "todos los instrumentos legales que tiene su alcance" para conseguir la aprobación de una nueva senda de déficit para contar con un mayor margen en la elaboración de los Presupuestos de 2019.
De esta forma, justificó la utilización de una enmienda a una ley sobre violencia machista, para buscar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y así acabar con el veto irreversible del Senado.
A preguntas de los periodistas en el pasillo del Congreso, instantes antes de entrar a la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la ministra explicó esta decisión en que "el Partido Popular, de manera sistemática ha estado intentando evitar la tramitación" de la iniciativa legislativa ya en marcha para poder levantar este veto.
