El Gobierno del presidente Sánchez sobrepasa todos los límites en su afán de conseguir una reforma por la puerta de atrás de la Ley de Estabilidad que permita esquivar el veto del Senado al techo de gasto.
Para ello, se sirve de la introducción de una enmienda en la ley que busca ampliar la cualificación de los jueces para decidir sobre casos de violencia de género. El Ejecutivo no sólo recurre a una norma absolutamente ajena a toda cuestión presupuestaria. Además, lo hace buscando revestir su acción del máximo disimulo, ya que se trata de una ley que apenas tiene repercusión mediática y cuyo plazo de presentación de modificaciones estaba casi cerrado.
Se trata así de un subterfugio en las antípodas de lo que exige, según la Constitución, la reforma de una ley orgánica, como la que regula la estabilidad fiscal de las Administraciones.
Es más, procedimientos así alejan a España de los estándares de una democracia europea avanzada y lo sitúan al nivel de los socavamientos de la legalidad, en aras de sus intereses, que regímenes como el propio de Nicolás Maduro en Venezuela convirten en seña de identidad.
En el caso del Gobierno de Sánchez, estamos ante una descarada treta orientada a esquivar el control de la Mesa del Congreso, en la que la mayoría del PP y Ciudadanos se opuso a que la reforma de la Ley de Estabilidad se tramitara por la vía de urgencia. Por ello, la derecha y el centroderecha deben reaccionar ante el flagrante intento de ningunear el control de la Mesa.
Es más, la gravedad de los propósitos del Gobierno demanda que Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal organicen una manifestación ciudadana e interpongan un recurso legal contra una artimaña inaceptable en democracia.
